Ante el rotundo fracaso del gobierno y sus aliados internacionales para eliminar la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela (MIIDHV) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), esta sigue vivita y coleando.
En efecto, la instancia, integrada por la portuguesa Marta Valiñas, el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá Valdez, ha visto extendido su mandato hasta 2026, para que así «pueda seguir investigando las violaciones manifiestas a los derechos humanos» con «el objetivo de combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas».
La decisión la adoptó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado 11 de octubre, durante su 57º período de sesiones, cuando instruyó al grupo investigador que preste «especial atención» a lo ocurrido «en el período previo a las elecciones presidenciales de 2024, durante estas y después de que se celebraran, así como a la violencia ejercida por los individuos armados llamados “colectivos”».
El organismo con sede en Ginebra (Suiza) aprobó, con el voto favorable de 23 de sus miembros frente a 6 rechazos y 18 abstenciones, el proyecto de resolución presentado por los gobiernos de Argentina y Chile, que propone prorrogar por 2 años más el mandato del grupo investigador.
Pero no solo la Misión vio extendido su mandato; también lo hizo la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a la que se le solicita que «siga vigilando la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, informando al respecto y proporcionando cooperación técnica con miras a mejorarla».
A ambas instancias, el Consejo les exigió que presenten informes periódicamente.
Por culpa de la represión postelectoral
Al presentar el proyecto de resolución que prorroga el mandato de la MIIDHVy de la OACNUDH, la embajadora chilena Claudia Fuentes afirmó que ambas «lamentablemente todavía [son] muy necesarias para que la comunidad internacional pueda abordar el empeoramiento de la situación de los derechos humanos en Venezuela».
¿Por qué? Esto explicó el representante de Argentina, Carlos Foradori, en su intervención:
«Hemos sido testigos del papel crucial que la OACNUDH y la Misión han desempeñado antes, durante y después de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en Venezuela el pasado 28 de julio, dejando constancia de un agravamiento de las violaciones y transgresiones de los derechos humanos, así como de un aumento sin precedentes de las restricciones al espacio cívico y democrático».
Los informes sobre el aumento de las detenciones arbitrarias, que en este caso también han afectado a adolescentes, así como la repetición de desapariciones forzadas de corta duración de tortura y malos tratos tras los comicios, fueron enumerados por el diplomático argentino.
Organizaciones como Foro Penal Venezolano han contabilizado que más de 1.700 venezolanos han sido aprehendidos tras las elecciones, de los cuales 158 eran adolescentes; 70 de ellos continúan detenidos. Estas cifras superan con creces los registros anteriores.
Foradori también expresó su alarma por «las violaciones y transgresiones de los derechos humanos cometidas contra personas por ejercer sus derechos y libertades fundamentales en Internet» y por «las informaciones sobre cierres de medios de comunicación, vigilancia, bloqueo y clausura de sitios web y plataformas digitales» que han tenido lugar tras los cuestionados comicios.
«Es necesario documentar las denuncias de violaciones a los derechos humanos para que, algún día, los responsables no solo asuman, sino que también paguen las consecuencias de sus actos», insistió el embajador de Paraguay al pedir a sus colegas que respaldaron la iniciativa.
A respetar los resultados
La embajadora estadounidense Michèle Taylor aprovechó su intervención para pedirle a Nicolás Maduro que «tome pasos concretos para una transición pacífica acorde a la ley electoral y a los deseos del pueblo venezolano».
Tras saludar a los esfuerzos de Argentina y Brasil para proteger a activistas y dirigentes opositores, la diplomática llamó a la comunidad internacional a reconocer los «verdaderos» resultados de las elecciones presidenciales.
Más de 2 meses después de los comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía no ha presentado los resultados mesa por mesa. Sin embargo, algunos países y parlamentos, como el español o el colombiano, han decidido reconocer al opositor Edmundo González como presidente electo.
Apoyado por dos pesos pesados
A la resolución, que contaba con el respaldo de otros 50 países, se opusieron abiertamente dos de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU: China y Rusia.
Sin embargo, Rusia fue la que asumió el papel más beligerante, pues presentó un proyecto de enmienda que buscaba incluir referencias que responsabilizaba de la crisis humanitaria que atraviesa el país a las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y otras naciones, esto, a pesar de que desde 2016, antes de que se impusieran las medidas sectoriales, la ONU viene denunciado que en el país hay una crisis humanitaria.
La moción del Gobierno de Moscú fue rechazada, junto con las otras cinco que presentaron Bielorrusia, Eritrea y Cuba. Una de las enmiendas presentada por el representante caribeño buscaba liquidar a la instancia investigadora.
«La Misión no ha debido ser establecida y su mandato no ha debido ser renovado», afirmó el representante cubano, quien calificó de «parcial, inoperativo e incorrecto» al organismo.
Por la misma senda
En la resolución se insta al Gobierno venezolano a aplicar las recomendaciones de la MIIDHV y de la OACNUDH. Sin embargo, esto se antoja poco probable, a la luz de las primeras reacciones oficiales.
«Venezuela no reconoce mandatos que son impuestos a países con criterios selectivos y politizados». Así inició su intervención el embajador venezolano ante el Consejo, Alexander Yánez, quien denunció que «algunos países insisten en convertir a este Consejo en un instrumento de coerción y chantaje, en una suerte de tribunal inquisitorial».
Es llamativo que embajador brasileño también cuestionó a la MIIDHV por considerar que iniciativas de esta naturaleza solo consiguen «aislar a países y no contribuyen al «diálogo y cooperación». Pese a esta postura, el Gobierno del país suramericano rechazó todas las enmiendas contra la Misión, aunque se abstuvo de prorrogar su mandato.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La extensión de los mandatos de la MIIDHV y de la OACNUDH es prueba de que la comunidad internacional sigue atenta a lo que ocurre en Venezuela, y también supone una buena noticia para las víctimas, quienes seguirán contando con una instancia a la que acudir para exponer lo que han padecido y lo que siguen padeciendo. La Misión tiene como tarea recopilar las denuncias e identificar a los presuntos responsables, para que así en algún momento sean sometidos a la justicia, bien sea la interna o la internacional.
El papel de la MIIDHV ha sido significativo. En los informes que ha presentado desde 2020, la instancia ha concluido que ve motivos razonables para creer que en el país han ocurrido crímenes de lesa humanidad, lo cual no es poca cosa, porque reafirma lo que ya ha declarado la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Asimismo, la Misión ha responsabilizado de dichas gravísimas violaciones a los derechos humanos a personas «a nivel tanto presidencial como ministerial», así como a «los directores de las entidades de seguridad e inteligencia». Por último, ha expuesto el rol activo que han jugado jueces y fiscales en la comisión de estas violaciones y ha expuesto el patrón de represión empleado contra miembros de la oposición, sostiene Acceso a la Justicia.
