Su profunda preocupación y rechazo ante la falta de garantías laborales que atraviesan los educadores en Venezuela, ha expresado la Formación Venezolana para la Dirigencia Sindical (FORDISI) además de no tener salarios dignos son vulnerados exigen al Ministerio del Poder Popular para la Educación tome medidas concretas para restablecer la paz laboral.
Gricelda Sánchez dirigente sindical, señala la urgencia de cumplir con lo estipulado en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de Educación (LOE), en conformidad con el artículo 49 de la Constitución, así mismo como lo dispuesto en los artículos 166 y 184 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente que regula los procedimientos disciplinarios para docentes en la administración pública.
Violación de derechos: Procedimientos irregulares y falta de transparencia
De acuerdo con la normativa vigente, cualquier suspensión, separación o destitución de un docente debe ser formalizada mediante una Resolución publicada en Gaceta Oficial, con posibilidad de una defensa previa y una apelación en instancias administrativas y judiciales. No obstante, Sánchez denuncia que actualmente se ejecutan suspensiones salariales sin el respaldo de ningún expediente legal.
La líder sindical relata, que se están llevando a cabo suspensiones salariales a través de listados emitidos por directores y hasta por supervisores, sin soporte legal o expediente, sin cumplir con los extremos establecidos en la norma, en clara violación de los derechos fundamentales de los educadores.
Testimonio de la profesora Yolimar Márquez
En un video anexo a esta nota de prensa, la profesora Yolimar Márquez, quien labora en la U.E. Dr. Manuel Díaz Rodríguez, ubicado en el sector popular de El Cementerio, parroquia Santa Rosalía, relata cómo fue víctima de una suspensión injusta de salario.
La responsable de esta medida arbitraria fue la Directora del plantel, Nolgibe Del Carmen Farias, titular de la Cédula de Identidad N° V- 9.283.775, quien, de manera discrecional, decidió suspender el salario sin cumplir con los procedimientos establecidos en la ley y se niega a remediar este hecho. Esta acción fue justificada por la directora en el contexto de que la docente afectada trabaja solo 3 de los 5 días a la semana.
Cabe destacar que más del 80% de los docentes trabajaron el año escolar 2023-2024 en horario de contingencia, debido a que no tienen un salario suficiente, para cubrir los gastos básicos del hogar.
El caso de la profesora Márquez es particularmente grave: madre soltera y con vivienda alquilada, se ha visto obligada a laborar en otro lugar al menos dos días a la semana para poder subsistir. Sin embargo, esta situación ha sido ignorada por la dirección de la escuela, que optó por violentar su derecho al trabajo y a un salario digno.
“Es inconcebible que una docente, madre soltera, con dos hijos menores de edad y en situación de vulnerabilidad, sean violentados de esta manera, en lugar de recibir el apoyo necesario. El Ministerio de Educación está en la obligación de remediar de forma inmediata estos daños,” afirmó Gricelda Sánchez, Dirigente Sindical del Magisterio.
Suspensión salarial arbitraria: una práctica recurrente
FORDIS alerta que la suspensión arbitraria de salarios por parte del Ministerio de Educación se ha convertido en una práctica habitual, repetida y sistemática. Esta situación viola el derecho al debido proceso, un derecho constitucional inviolable garantizado en la Carta Magna de Venezuela.
Lo que debería ser la excepción bajo circunstancias justificadas y con el cumplimiento de los procedimientos establecidos, se ha transformado en una constante que afecta gravemente a los docentes. FORDISI recuerda el precedente del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2003, cuando decidió a favor de 270 trabajadores despedidos arbitrariamente por el gobierno de Panamá.
En este dictamen, la Corte no sólo obligó al Estado a pagar los salarios caídos con intereses, sino que también condenó al pago de $3.000 por concepto de daño moral a cada trabajador, estableciendo así una jurisprudencia en materia de procesos administrativos y en legislación laboral. Este precedente debería servir de advertencia a las autoridades venezolanas sobre la gravedad de violar los derechos laborales de sus docentes.
“Los derechos laborales no son negociables, y el precedente de la CIDH demuestra que las violaciones sistemáticas tienen un costo alto para los Estados y para los funcionarios que menoscaben derechos fundamentales. El Ministerio de Educación debe asumir su responsabilidad y rectificar de inmediato antes de que estas arbitrariedades sigan escalando,” agregó Sánchez.
FORDISI exige medidas urgentes
FORDISI exige al Ministerio de Educación, Héctor Rodríguez, que se aboque inmediatamente a resarcir los daños causados a los miles de docentes afectados por estas prácticas ilegales y antisindicales. La organización exige el pago inmediato de los salarios caídos y el cese de las suspensiones salariales sin sustento legal.
La organización sindical también hizo un llamado a la máxima autoridad del Ministerio de Educación para que garantice la paz laboral, algo que solo puede lograrse mediante la implementación de mejoras laborales concretas y un cambio de actitud en la gestión ministerial.
FORDISI aboga por un clima de diálogo, mediación, verdad, justicia y respeto hacia los educadores, aspectos fundamentales para superar la confrontación actual y avanzar hacia la resolución de los conflictos laborales en el sector.
Exigen Comisión Investigadora para Suspensiones Salariales Arbitrarias
“Es necesario que el Estado sancione a aquellos responsables de violentar el debido proceso al suspender injustificadamente los salarios de los docentes. Lamentamos profundamente que desde el Ministerio de Educación no exista la voluntad de aplicar los correctivos ni de reparar el daño ocasionado, lo cual es vergonzoso,” declaró Sánchez.
Sánchez también insta a las autoridades competentes a crear una comisión, que se encargue de investigar las denuncias relacionadas con las suspensiones salariales, ya que los docentes en su mayoría están en situación de vulnerabilidad, tenemos casos de suspensiones de colegas enfermos o de reposo, que también están siendo afectados.
La organización subrayó que cualquier medida disciplinaria que afecte a los docentes debe ser emitida exclusivamente por el Ministro de Educación y debe formalizarse a través de Resoluciones publicadas en Gaceta Oficial, en cumplimiento del artículo 49 de la Constitución, que garantiza el derecho a la defensa y al debido proceso.
Llamado a Retomar la Contratación Colectiva, Revisar el Pago de Aguinaldos y Ajustar el Bono de Guerra
“La contratación colectiva es la herramienta fundamental para proteger y mejorar las condiciones de trabajo de los docentes. No podemos permitir que continúe siendo ignorada, así mismo asegura que es importante revisar el pago de los aguinaldos, exhortan al ente patrón a pagar un bono que se ajuste a lo recibido mensualmente como Bono de Guerra, para que así los trabajadores puedan tener un respiro es las próximas fiestas decembrinas,” puntualizó Gricelda Sánchez.
FORDISI reitera que el respeto al debido proceso y a los derechos laborales es irrenunciable y no negociable. La organización hace un llamado urgente al Ministerio de Educación para que rectifique su proceder, asegurando un clima de diálogo, justicia y respeto hacia los educadores, elementos esenciales para resolver el conflicto y avanzar en la construcción de una paz laboral sostenible.
