El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que solo el 9,21% de la población reclusa en Venezuela pudo ejercer su derecho al voto en las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio. A pesar de que la Constitución venezolana garantiza el derecho al sufragio, las autoridades penitenciarias no han implementado mecanismos efectivos para garantizar este derecho a la totalidad de la población privada de libertad.
Según un reciente informe del OVP titulado “Derechos políticos de la población reclusa venezolana”, al menos 42.863 personas privadas de libertad, tanto en cárceles como en calabozos policiales, deberían tener derecho al voto. Sin embargo, las declaraciones del ministro para el Servicio Penitenciario indican que solo un pequeño porcentaje pudo participar en los comicios.
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Humberto Prado, director del OVP, expresó su preocupación ante esta situación y señaló que «las declaraciones del ministro del Servicio Penitenciario dejaron mucho que desear».
«Es triste ver cómo el Estado venezolano viola los derechos de las personas privadas de libertad. El 28 de julio, tras las comicios, las declaraciones del ministro del Servicio Penitenciario dejaron mucho que desear, no hubo garantía del derecho al voto como un derecho humano», refirió.
El OVP también señala que la falta de información transparente por parte de las autoridades penitenciarias y electorales impide conocer con exactitud cuántas personas privadas de libertad fueron habilitadas para votar y cómo se garantizó su derecho. Además, la organización denuncia la falta de políticas públicas que promuevan la participación política de la población reclusa y garanticen el respeto a sus derechos humanos.
