La situación en la cual fenece la caficultura venezolana llega a proporciones alarmantemente irreversibles. Hemos denunciado, fehaciente e insistentemente, sobre la responsabilidad ineludible del Estado venezolano por la inmensa incidencia que el cultivo del café tiene sobre el ámbito ecológico, social, económico, cultural, y hasta turístico en el país que fue el primer productor mundial de la noble cereza, en cuanto a calidad y el segundo en cuanto a cantidad.
Llamamos a la reflexión de toda la sociedad venezolana y a los entes gubernamentales a quienes compete la preservación de las aguas dulces de la nación que es el séptimo reservorio del vital líquido en el planeta Tierra. En años pasados hemos cuantificado la tala y la quema, en no menos de cinco mil hectáreas/año en zonas de extraordinaria fragilidad ecológica, donde están las nacientes de agua dulce de ríos como el Portuguesa, el Morador, el Maguaza, el Boconó, el Masparro, Chabasquén, que entre otros ríos (En sus nacientes y sus riberas se está talando y quemando constante y continuamente), nutren al estado Portuguesa y son afluentes del río Apure y por ende del río Orinoco. Así como la Cuenca del Río Tocuyo que surte de agua dulce al 85% de la población del estado Lara y riega parte de los Valles de Aroa.
Es un llamado de atención. A la realidad por demás dramática, sobre lo que está sucediendo en las zonas caficultoras venezolanas, especialmente en el estado Lara. Tala y quema en la búsqueda de una agricultura de subsistencia, siembra de maíz y caraotas para tener algo que comer y poder mitigar el hambre, o cambio de rubro para satisfacer el lucro avaro, trapo rojo a la desnutrición, a las enfermedades endémicas, al éxodo a los cordones de miseria de poblados y ciudades o a la diáspora que destruye a las familias. Los caficultores están utilizando a esta cruel muleta, la tala y la quema, con la esperanza de que se haga justicia y se les reconozca un precio justo, equitativo y rentable; al salario suficiente garantizado en la Constitución Nacional. En otros casos son campesinos que están devastando las zonas cafetaleras, para sembrar café a plena exposición solar, esperando el crédito que no podrán pagar. Existe el peligro latente de una supuesta imposición diabólica de algunos presuntos representantes de los caficultores que presuntamente pretenden apropiarse del sector comercializador y de las industrias, creando una organización monopólica que rija los destinos de la caficultura.
La caficultura se extingue inexorablemente, pero en su extinción está arrastrando a todos los seres vivos, porque los caficultores “innegablemente” somos guardianes gratuitos del ambiente.
Invito a los entes gubernamentales a quienes les compete preservar al ambiente y por ende la vida, a los grupos ecologistas y a la sociedad en general para que comprueben lo expuesto, que vayan a Santa Marta, caserío de la parroquia Hilario Luna y Luna, y suban a la montaña aledaña donde están las nacientes de la quebrada “El Humo”, tributaria del río Morador y proveedora del agua dulce a este caserío.
El Estado venezolano tienen organismos como la Contraloría y la Fiscalía General de la República, el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC), y creo que pueda ser competencia de la Defensoría del Pueblo, y de todos ellos, abrir las averiguaciones correspondientes, establecer responsabilidades y sancionar a los culpables.
Esta grave situación se acrecienta en su proyección devastadora con las denuncias de las invasiones que se han comprobado en las zonas altas del Municipio Morán. En años anteriores alertamos, sobre el hecho de que, se estaban valiendo del hambre para justificar estos delitos con la esperanza de lograr las dádivas del gobierno, en un viaje sin retorno, porque la situación de la producción cafetalera nacional cada vez es peor, no se puede combatir el mal sin atacar su origen; no veo solución a la problemática creada mientras al caficultor no se le reconozcan sus derechos, como el logrado en Junta Nacional del Café en mayo de 2004 y ratificado en Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala Constitucional, Recurso de Amparo tramitado en el expediente 05-0367, que expresa en su decisión que, los acuerdos de Juntas Nacionales tienen carácter vinculante, como lo es el convenio sobre el ajuste de precios de acuerdo a la inflación, los 15 de septiembre de cada año, al comienzo de cosecha.
Y se seguirá invirtiendo en la caficultura en una forma, que suponemos podrían calificarse de malversación, puesto que, los mismos recursos que se han otorgado, deberían haber solucionado la problemática acertadamente tan solo con reconocerle al productor un salario suficiente (a través del precio por su producto), que le permita cubrir para sí y para su familia sus necesidades básicas, sociales, materiales e intelectuales, como lo consagra la Constitución Nacional en su Artículo 91 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 1948, en su artículo 23.
Maximiliano Pérez Apóstol
