El gobierno colombiano prolongó desde el miércoles el cese al fuego bilateral que sostiene en el marco de las negociaciones de paz con una minoría del autodenominado Estado Mayor Central, una disidencia de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que no se acogió al acuerdo de paz de 2016.
El alto al fuego que se extenderá por seis meses, hasta el 15 de abril de 2025, es la continuación del que fue pactado en octubre del año pasado, cuando se instaló formalmente una mesa de diálogo con las facciones disidentes y sólo aplicará para un 40% de la disidencia que continúa negociando la paz con el gobierno, luego de que la mayoría se levantara de la mesa.
En los últimos días el gobierno ha intensificado su ofensiva militar contra el 60% de la disidencia con la que no negocia la paz y con la que rompió el cese al fuego desde julio. Los operativos se concentraron en el Cañón del Micay, una cadena montañosa del suroeste de Colombia repleta de cultivos de hoja de coca que se había convertido en el bastión de las disidencias.
El recién renovado cese al fuego implicará la suspensión de las operaciones militares ofensivas contra las estructuras al mando de Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, que operan en departamentos como Caquetá y Putumayo, al sur del país, Huila, al suroeste, y Meta, en el centro.
El decreto firmado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, especifica que no se “suspenderá ninguna de las acciones que desarrolla la fuerza pública en contra de las economías ilegales”.
Tras la firma del acuerdo de paz con las extintas FARC hace casi ocho años, culminó la confrontación armada con esa guerrilla, pero otros grupos armados ilegales tomaron el territorio que dominaban las FARC y ahora se disputan su control y el de lucrativas rentas ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.
El gobierno del izquierdista Gustavo Petro se propuso negociar la paz en simultáneo con los grupos armados que aún persisten en el país en el marco de su política de “paz total” que ha enfrentado varias crisis, una de las más notorias con el EMC que rompió las negociaciones con la mayoría de sus integrantes y arreció los ataques con explosivos en el suroeste del país.
El cese al fuego con las estructuras que aún negocian la paz tendrá una evaluación trimestral, según señala el decreto, sin especificar cuáles serían las acciones que significarían una falta en el acuerdo de cese de hostilidades.
