La organización no gubernamental Provea, reportó este viernes que los privados de libertad detenidos en el contexto postelectoral y acusados de terrorismo están siendo coaccionados para admitir los delitos que el Ministerio Público les ha imputado, según denuncias de sus familiares.
Los familiares de las personas detenidas por razones políticas en cárceles como Tocuyito, Tocorón, Rodeo y Las Crisálidas, son presionados con amenazas como ser pasados a juicio sin beneficios procesales y mediante el uso de torturas, tratos crueles, negación de alimentos, medicinas y visitas.
Debido proceso
Las madres, esposas, y demás familiares de los detenidos en el contexto de las protestas postelectorales, denuncian que sus seres queridos son víctimas de cargos que se les imputan sin pruebas, sin acceso a la defensa privada y violando el debido proceso, destacando que sus allegados no pueden acceder al expediente para conocer en detalle los cargos que se les imputan.
Las denuncias de los familiares de los detenidos en distintos estados de Venezuela, señalan que a los privados de libertad se les obliga a firmar y poner sus huellas digitales en papeles en blanco, lo que según Provea “constituye un fraude procesal masivo y una nueva y abierta violación de las garantías judiciales de los detenidos”, subrayó en un mensaje publicado en su perfil de X.
Delitos de terrorismo
Más de 2000 personas fueron detenidas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, según cifras emitidas por las autoridades venezolanas, tras desconocer el resultado electoral emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Familiares de los detenidos han expresado en numerosos casos que sus allegados no participaron en eventos de manifestaciones, sin embargo, son acusados de formar parte de actos de conspiración o terrorismo.
En este sentido, Provea explica que el delito de terrorismo, contempla penas entre 25 y 30 años de prisión, de acuerdo a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT).
CIDH tortura y tratos crueles
Provea subraya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece en su jurisprudencia que el concepto de tortura y tratos o penas crueles no se limita solo a las prácticas de violencia física o psíquica, sino que incluye también las condiciones de detención que no respetan la dignidad humana, lo que ocurre en casos de hacinamiento, malas condiciones de reclusión, sanciones disciplinarias abusivas, falta de atención médica, ausencia de alimentación adecuada y agua potable, y carencia de recursos para atender las necesidades básicas de las personas detenidas, entre otros.
“El elevado número de personas acusadas de terrorismo por el gobierno de Maduro y el cooptado Sistema de Administración de Justicia venezolano, ratifica lo que varias Relatorías de Naciones Unidas han calificado como “abuso crónico” de la legislación antiterrorista”, indicó Provea en su perfil en la red social X.
Marino Alvarado, excoordinador de Provea, señaló en su perfil de la red social que tales presiones tienen como objetivo que los detenidos admitan los hechos que se les imputan en las audiencias preliminares, en este sentido, reitera que “la coacción para la admisión de hechos de personas inocentes en una grave violación a los derechos humanos”.
