La situación educativa en nuestro país es uno de los aspectos más alarmantes del colapso institucional que vivimos. El acceso a la educación no consiste simplemente en que los niños y jóvenes asistan a una escuela, sino en que el Estado garantice las condiciones necesarias para que se desarrollen de manera integral. Sin embargo, esa realidad está lejos de cumplirse.
Mientras el régimen celebra con optimismo el «feliz regreso a clases«, la realidad es completamente diferente. Las escuelas están en un estado deplorable, con infraestructuras deterioradas, carencia de insumos básicos y servicios públicos que fallan constantemente. Además, los docentes, fundamentales para el desarrollo educativo, reciben sueldos miserables que no les alcanzan ni para cubrir lo más esencial, viéndose obligados a buscar otros trabajos para sobrevivir. Además, hay un déficit de maestros que complica aun más el panorama.
Por otro lado, los padres también enfrentan grandes dificultades. Muchos no tienen los recursos necesarios para costear meriendas, uniformes o útiles escolares para sus hijos. En un contexto de crisis económica, esta carga se vuelve insostenible, y es precisamente la juventud venezolana la que paga el precio más alto. El derecho a una educación de calidad, que debería ser garantizado por el Estado, ha sido vulnerado sistemáticamente por la falta de políticas responsables.
Las cifras no mienten: según los datos de la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida 2023 (ENCOVI), el abandono escolar prematuro en Venezuela ha aumentado drásticamente en la última década. En 2014, 27% de los jóvenes en edad escolar ya se encontraba fuera del sistema educativo, pero en 2023 esa cifra ascendió a 34%. Esto significa que más de 3,9 millones de venezolanos entre 3 y 24 años están totalmente excluidos de la educación. De cada 10 jóvenes, 3 están fuera del sistema, 4 asisten de forma irregular y solo 3 pueden decir que tienen una educación continua y regular.
El impacto de esta exclusión no se limita únicamente a la ausencia en las aulas. De acuerdo con un informe de la UNESCO, el abandono escolar trae consigo serias consecuencias sociales no monetarias, entre las cuales destacan el matrimonio infantil, el embarazo precoz, la violencia de pareja y un incremento en la incidencia delictiva. Un ciclo vicioso de pobreza y falta de oportunidades que afecta a las generaciones más jóvenes y compromete el futuro del país. Sin educación de calidad, la vida de millones de niños y jóvenes se encuentran comprometidas.
En este contexto, es inevitable sentir dolor al ver cómo Venezuela ha retrocedido en materia educativa, y cómo día tras día se vulneran los derechos de millones de chamos. El futuro de una nación depende de la educación que pueda brindar a su juventud, y en este caso, el Estado ha fallado rotundamente en su deber. La igualdad de condiciones y oportunidades es esencial para construir una sociedad justa y que permita el progreso social.
Urge que la educación vuelva a ocupar un lugar prioritario en la agenda nacional. Este tema no puede ser opacado por ninguna coyuntura. Las políticas públicas deben enfocarse en garantizar una educación de calidad, con infraestructuras adecuadas, docentes bien remunerados y apoyo integral para los estudiantes. Solo así, Venezuela podrá ofrecer a su juventud el futuro que merece y romper el ciclo de desigualdad y pobreza que, lamentablemente, se ha perpetuado durante tanto tiempo.
Stalin González
