En los últimos 39 años –entre 1985 y 2023–, los países amazónicos perdieron más de 88 millones de hectáreas de bosques (12,5% de su cobertura); un área casi tan grande como Colombia, según los datos generados por MapBiomas Amazonia, iniciativa de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG). Frente a este escenario, nunca antes fue tan urgente fortalecer las políticas de conservación y restauración, así como el rol protector que cumplen los Territorios Indígenas y las Áreas Naturales Protegidas frente a la deforestación.
Advierten que la Amazonía, ese gran ecosistema vital para la humanidad y el planeta, enfrenta uno de sus momentos más críticos.
Según alertaron especialistas de la RAISG, la región amazónica viene sufriendo una transformación acelerada. Por medio del resultado de la clasificación de imágenes satelitales muestran que entre 1985 y 2023, en las áreas donde disminuyó el bosque, el uso de suelos para minería legal e ilegal se expandió en 1063%, en agricultura 598% y en ganadería 298%. Así, muchos ecosistemas desaparecieron para dar paso a enormes extensiones de pastos, tierras agrícolas de soya, palma aceitera y otros monocultivos, o se convirtieron en grandes cráteres de agua para la extracción de oro. En el caso de la minería, la erosión del suelo no solo impacta en la cubierta forestal sino en el suelo fértil, lo cual vulnera su capacidad de recuperación y aumenta el riesgo de deslizamientos, además de todos los contaminantes.
Ya los bosques inundables se redujeron en 4,5 millones de hectáreas en los últimos 39 años. Su retroceso pone en serio peligro la abundancia y diversidad biológica de la Amazonía –sobre todo de peces– y, por tanto, la disponibilidad de alimento para las poblaciones aledañas.
Un panorama regional alarmante
El análisis incluye los 8 biomas de la Región Amazónica. El 71% de las pérdidas totales de bosques en la Amazonía ocurrió en el bioma Amazónico, el más grande de toda la región, presente en los 9 países (Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guyana Francesa). El 23% se situó en la sabana tropical El Cerrado (Brasil); 4% en el bosque seco tropical Chiquitano (Bolivia); y 2% se dividió en los biomas bosque seco El Chaco (Bolivia-Paraguay), humedal Pantanal (Brasil-Bolivia), Tucumano-boliviano, así como en los Andes y Valles de Perú y Bolivia.
La RAISG considera 8.470.209 km² de territorio amazónico, correspondientes a la suma de las mayores extensiones territoriales considerando los tres criterios: biogeográfico, cuenca hidrográfica y límites político-administrativos, según las particularidades de cada país amazónico. De esta manera, los datos recopilados aplican a una región delimitada por: i) límites biogeográficos de la Amazonía en Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa; ii) los límites de la cuenca amazónica en Ecuador, Perú y Bolivia y iii) la suma de los límites de la cuenca (Amazonas y Tocantins-Araguaia) y los límites administrativos de la Amazonía Legal en Brasil. Esta área incluye las cuencas hidrográficas de los ríos Amazonas, Tocantins-Araguaia y Marajó (6.925.918 km²).
El rol crucial de los territorios indígenas y las áreas naturales protegidas
A puertas de la COP16 de Biodiversidad en Colombia (octubre 2024) y con miras a la COP30 sobre Cambio Climático en Brasil (noviembre 2025), la RAISG considera estos dos años claves para que los líderes de los gobiernos y las entidades de incidencia implementen políticas de conservación y restauración más estrictas, a partir de estos focos de pérdida. “Los principales desafíos son conservar las áreas intactas y de baja degradación, antes de alcanzar el llamado ‘punto de no retorno’ de la Amazonía; y sustituir las actividades actuales por otras que afecten menos al bosque. Y lo más importante: proteger las Áreas Naturales Protegidas y Territorios Indígenas, que vienen actuando como barreras contra la deforestación y degradación”, señala Karen Huertas, especialista de MapBiomas Amazonía.
Justamente, el rol fundamental que juegan ambos espacios en la conservación de la diversidad biológica se demuestra con cifras: sólo el 6,5% de las formaciones naturales pérdidas en la Amazonía ocurrieron en Territorios Indígenas y Áreas Naturales Protegidas (6,2 millones de hectáreas de los 92,6 millones de hectáreas). Mientras que el 93,5% restante (86,5 millones de hectáreas) se produjo fuera de estos espacios. Durante milenios, los pueblos originarios han sido los mejores guardianes del bosque, gracias a sus conocimientos y prácticas ancestrales, que les permiten consumir recursos de manera sostenible y otorgar a los suelos los descansos necesarios para su regeneración. De igual modo, en las ANP se prioriza la estabilidad del bosque y resguarda los servicios que la Amazonía brinda a la humanidad: suministros de oxígeno, agua para consumo, alimento, biodiversidad y medicinas tradicionales.
A pesar de su invaluable aporte en la lucha contra el cambio climático, los pueblos indígenas viven bajo constante amenaza. Entre 1985 y 2023, sus territorios tuvieron pérdidas de 3,8 millones de hectáreas de bosques. El avance de las áreas agropecuarias, de minería aurífera, de la tala ilegal y de los cultivos para el narcotráfico son algunas de las presiones sobre esos territorios. Una situación que ha puesto en riesgo la seguridad de las comunidades locales y la vida de los líderes ambientales, a la vez que vulnera la diversidad cultural de los países. Asimismo, durante el mismo periodo, las ANPs perdieron más de 2,6 millones de hectáreas, principalmente en sus márgenes, a causa de la invasión de actividades agropecuarias.
De seguir esta tendencia, en unos años la Amazonía caminará a un proceso de sabanización y praderización irreversible. La pérdida de bosques seguirá liberando grandes cantidades de CO2, que acelerarán aún más el calentamiento global y reducirán el hábitat de miles de especies. Por muchos años, los gobiernos dieron la espalda a las comunidades indígenas, tradicionales y locales, que han sabido conservar los bosques, mejor que otros grupos humanos. Pero, ahora es tiempo de cambiar esta realidad, a fin de frenar la devastación de la Amazonía, fortaleciendo sus derechos territoriales, su participación activa en las decisiones y su valiosa herencia cultural.
«Los gobiernos de los países amazónicos deben actuar de forma coordinada para contener el avance de las presiones y amenazas, como la deforestación, la minería y el narcotráfico, avanzar en alternativas económicas sostenibles y promover la restauración ambiental a escala regional. La Declaración de Belém y la XIV reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la OTCA determinaron importantes caminos para la cooperación regional, como La Red Amazónica de Autoridades Forestales y la Red Amazónica del Manejo Integral del Fuego, que deben ser efectuados con la participación activa de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes y tradicionales», precisa Angélica García, secretaria ejecutiva de la RAISG.
