Un total de 134 ataques e incidentes de seguridad durante agosto de 2024 en Venezuela, contra las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, registró el Centro para los Defensores de la Justicia, destacando que en el contexto post electoral aumentaron los riesgos.
En el contexto post electoral se profanó la Política de Criminalización, Represión y Control Social afectando las acciones de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos, aumentando las agresiones y el amedrentamiento en contra de quienes las realizan.
El Estado emplea distintas medidas tendientes a controlar, criminalizar y neutralizar la defensa de los derechos humanos bajo un clima de miedo tendiente al retraimiento de las acciones por parte de las organizaciones por temor a represalias.
Los 134 hechos registrados durante el mes de julio se caracterizaron por:
56 Intimidación y hostigamiento
47 Estigmatización
19 Amenazas
5 Detenciones arbitrarias
4 Judicialización
3 Otros
Criminalización de la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos
La defensa, exigencia y promoción de derechos humanos continúa bajo ataque, obstaculizando así los derechos a la asociación, reunión y defensa en Venezuela. La criminalización, la represión y el control social como política de Estado, en un contexto de impunidad generalizada demuestran que el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela dificulta el accionar de la sociedad civil, incluida el movimiento de derechos humanos.
Las agresiones en contra de la integridad física y moral aumentaron, siendo la intimidación y el hostigamiento el principal patrón de ataque registrado en el período. Estas agresiones se acompañan de estigmatización, basándose en cuestionamientos y señalamientos sobre la independencia y veracidad del trabajo de las organizaciones de derechos humanos, así como acusándolos de “fascistas”, “terroristas”, “desestabilizadoras”, entre otras.
Siguen implementando medidas legales y acciones por parte de los entes del Estado tendientes al cierre del espacio cívico y democrático en el país, aumentando los obstáculos para el ejercicio de los derechos a la asociación, expresión, reunión y defensa de derechos. Estos instrumentos jurídicos contrarios a estándares de derechos humanos y que tienen como fin intimidar y neutralizar a la sociedad civil, y restringir el espacio cívico y democrático.
Hacemos un llamado a trabajar en función de construir entornos propicios y seguros para que quienes promueven, exijan y defienden derechos. Las personas defensoras deben poder ejercer sus actividades de forma libre y sin temor a represalias.
Mientras no cesen las acciones legales y fácticas que reducen el espacio cívico y democrático continuarán existiendo riesgos para la sociedad civil en el país.
