Trabajo de Runrunes
El Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, mantiene recluidas a 948 personas, en su mayoría jóvenes, a los que no se les permitieron recibir designaciones para su defensa privada, aseveró el abogado y presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, a través de videos compartidos en las redes sociales de la organización.
Romero no pudo entrar al recinto, pero logró confirmar el número de reclusos allí, los cuales pertenecen a un universo de 1.834 detenciones confirmadas, desde el 28 de julio hasta el 18 de septiembre, de cuales 1.608 son hombres, 226 son mujeres y 60 son adolescentes – entre los 14 y 17 años de edad-.
Los familiares tienen prohibido visitar o entregarles comida a los detenidos. Se mantienen en las cercanías del recinto, con la esperanza de poder entrar o de que los reclusos sean liberados. Muchos de los familiares provienen de otros estados del país.
Emma Mendoza, hermana de un joven de 23 años que lleva 45 días recluido, es de Guanare, estado Portuguesa, y comentó que lleva casi 21 días en el estado Aragua, donde espera por la liberación de su hermano. ”Yo le dije a mi mamá que no me quiero ir de aquí sin llevarle a su muchacho (…)”, expresó para Foro Penal.
Mendoza se mantiene en compañía de un grupo de casi 30 mujeres con las cuales se queda en una iglesia, donde algunas duermen en sus colchonetas y otras en el piso – sobre láminas de cartón-.
”Hemos registrado y calificado el mayor número de presos con fines políticos conocido en Venezuela, al menos en el siglo XXI. Seguimos recibiendo y registrando detenidos”, publicó la organización en su cuenta de X en días anteriores.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció semanas atrás sobre la incomunicación y aislamiento del exterior de los reclusos que exacerba el sufrimiento de estas personas y su vulnerabilidad y deshumanización. ”Este tipo de prácticas, que son contrarias a las normativas internacionales de derechos humanos, reflejan un sistema punitivo que busca quebrantar la resistencia de los presos y debilitar su capacidad de oponerse a la injusticia”.
También denunció que la falta de contacto con el equipo legal de la preferencia de cada recluso compromete la equidad del proceso judicial, ya que estos quedan indefensos ante las acusaciones contra su persona.
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