El presidente ecuatoriano Daniel Noboa envió el viernes a la Corte Constitucional un proyecto de reforma parcial a la Constitución para que el estado deje de financiar a las organizaciones políticas y la propaganda electoral. Si es aprobada, la reforma no se aplicaría en las elecciones presidenciales de 2025.
Según la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, el objetivo de la propuesta es evitar “el mal uso de los recursos públicos que son otorgados a los candidatos y que históricamente no han sido debidamente justificados ni transparentados”. Plantea además que esos fondos sean destinados a salud, educación y seguridad.
Noboa, hace esta propuesta pocos meses antes de las elecciones de febrero de 2025, en las que busca la reelección. Para esos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha destinado un monto de 13,76 millones de dólares a la propaganda de los candidatos a presidente y vicepresidente que en Ecuador se eligen en fórmula presidencial.
Ese monto lo reparte directamente por el CNE —sin pasar por las manos de los partidos políticos— entre los medios de comunicación que transmiten las cuñas y spots durante la campaña.
Además, existe un fondo partidario de cuatro a cinco millones de dólares anuales que el estado reparte entre movimientos y partidos políticos de todo el país.
Las organizaciones que reciben esos fondos deben cumplir con una serie de requisitos, como acreditar un número mínimo de simpatizantes, mantener delegados en todo el país o en las provincias —dependiendo de si son nacionales o locales— y alcanzar al menos el 4% de votación en dos elecciones consecutivas, entre otros.
El comunicado no da detalles sobre el documento enviado a la Corte Constitucional cuyo contenido aún no es público, y únicamente dice que “la propuesta precautela de forma equitativa e igualitaria se propicie el debate entre los candidatos”, a pesar de que en la legislación vigente ese debate ya está normado y es obligatorio desde 2021.
Si la Corte Constitucional aprueba la reforma a los artículos 110 y 115 de la Constitución vigente desde 2008, la propuesta pasará a la Asamblea Nacional, que en dos sesiones del pleno debe decidir su aprobación o rechazo —con una mayoría de al menos 92 de los 137 legisladores—, y finalmente, la reforma irá a un referendo en el que los ciudadanos votarán en favor o en contra.
En caso de ser aprobada, la reforma no aplicaría a las elecciones presidenciales de 2025, sino a las de 2029.
