El viernes 13 de septiembre de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela emitió un comunicado para rechazar la última ronda de sanciones impuestas por Estados Unidos a 16 funcionarios venezolanos. El CNE calificó las sanciones como un «infame acto de injerencia» y las consideró ilegales.
En el comunicado, el Poder Electoral de Venezuela condenó las acciones del gobierno de Estados Unidos, acusándolo de intentar «intimidar» a un grupo de servidores públicos venezolanos, incluyendo a la Rectora del Consejo Nacional Electoral, Rosalba Gil Pacheco, y a su Secretario, Dr. Antonio José Meneses Rodríguez. El CNE afirmó que estas sanciones, impuestas por «grupos de delincuentes vinculados al terrorismo, narcotráfico y otros delitos», tienen como objetivo financiar operaciones contra el sistema electoral venezolano y sus miembros.
El CNE aseveró que Estados Unidos tiene «uno de los sistemas electorales más patéticos y obsoletos del mundo», incapaz de brindar certeza en sus resultados y dejando «muchas dudas» en sus elecciones. El comunicado argumentó que, por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos carece de autoridad moral para evaluar u opinar sobre asuntos electorales, especialmente en Venezuela, que el CNE afirma tener «los más altos estándares globales» en su sistema electoral.
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El comunicado del CNE también rechazó cualquier «opinión mal intencionada» de las organizaciones financiadas por el gobierno de Estados Unidos, a las que calificó de «mafias extorsionadoras» que atacan la democracia venezolana. El CNE aseguró que los fondos recibidos por estas organizaciones del gobierno de Estados Unidos solo han servido para financiar campañas en redes sociales y llenar los bolsillos de los «jefes de la mafia» que dirigen «actos terroristas y desestabilizadores» contra Venezuela.
El CNE concluyó exigiendo que el gobierno de Estados Unidos se abstenga de interferir en los asuntos internos del Poder Electoral de Venezuela y lo instó a centrarse en abordar sus propios problemas domésticos. El comunicado reafirmó el estatus de Venezuela como un país «libre, soberano e independiente» que solo responde a la voluntad del pueblo venezolano.
Recordar que el día jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a 16 funcionarios alineados con Maduro que «obstruyeron un proceso electoral presidencial competitivo e inclusivo en Venezuela y violaron los derechos civiles y humanos del pueblo». Las personas sancionadas incluyen a los líderes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
