Es preocupante la noticia de que el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) esté emparentado con uno de los miembros del equipo que conforma la defensa del gobierno de Venezuela, el cual está investigando por la perpetración de crímenes de lesa humanidad.
Dentro de las funciones del Fiscal se encuentran: realizar investigaciones acerca de aquella información relacionada con crímenes de la competencia de la CPI, según el artículo 42 (1) del Estatuto de Roma; adoptar medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de los culpables de tales crímenes conforme al Estatuto mencionado en su artículo 54 (1-b); y solicitar orden de detención ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, en contra de aquellos de cuya culpabilidad esté convencido, según las pruebas aportadas, de conformidad con el Estatuto en su artículo 58 (1).
Lo anterior está relacionado solamente con la fase de investigación, en la cual se encuentra la causa contra el gobierno de Venezuela, pues el formal proceso penal contra los culpables, se iniciará una vez que el Fiscal acuse a aquellos sobre los cuales recae evidencia de la comisión de los crímenes en cuestión. Como se observa claramente, la función terminal del Fiscal es “agarrar y meter presos” a los criminales, mientras que la función de la defensa de ellos es impedir todos esos empeños de la Fiscalìa de la Corte. De lo anterior se deduce la incompatibilidad entre lo que realiza el Fiscal y lo que pretende la defensa. Son cotrapartes y por tanto tienen propósitos opuestos.
Como se ve es preocupante la información referida, en el sentido del parentesco en segundo grado de afinidad entre el Fiscal y quien forma parte del equipo de defensa del gobierno venezolano: es su cuñada. Tal parentesco ha debido ser conocido por el gobierno venezolano, así que nos una mera casualidad su nombramiento. Nos alarma la situación planteada no sólo por razones morales, sino que esta situación està prevista como falta disciplinaria en el Estatuto en su artículo 42 (7), que textualmente establece: ”El Fiscal y los fiscales adjuntos no participarán en ningún asunto en que, por cualquier motivo, pueda razonablemente ponerse en duda su imparcialidad”.
Por otra parte, la aclaratoria que en forma pùblica realizó la Fiscalìa de la CPI, pone otro punto cuestionable en la conducta del Fiscal. Lo que plantea es que el Fiscal conocía que su cuñada era parte del equipo de la defensa del gobierno venezolano, pues era información “de dominio público”. Por lo anterior el Fiscal ha debido inhibirse como lo indica el precepto transcrito del Estatuto de Roma, pues tal parentesco pone en duda su imparcialidad. No era necesario que haya habido “objeciones en ese momento”, era su obligación que espontáneamente ha debido cumplir. A la Fiscalìa de la CPI habría que decirle, como lo expresó Mario Moreno: “No me defiendas compadre”.
Sin embargo, en descargo del Fiscal Kham, hasta ahora ha cumplido honrosamente su gestión en el caso que nos ocupa y ha batallado en contra de las aspiraciones de la defensa antes mencionada. Hace poco ganò una incidencia en la Sala de Cuestiones Previas en la cual la defensa pretendía detener la investigación y al apelar la defensa del gobierno de la decisión de continuarla, el Fiscal logró otra victoria ante la Sala de Apelaciones de la Corte, prosiguiéndose la averiguación. Es decir, cómo se expresa coloquialmente en los pasillos tribunalicios: “Le dio “palo” a su cuñada”.
A pesar de la falta aludida en la cual incurrió el Fiscal, debido al desempeño de sus labores hasta ahora, esperamos que continúe haciéndolo igualmente y es probable que la sombra que se ha creado acerca de su honorabilidad sea disipada a través de decisiones que en el futuro pueda tomar.
Lo importante de todo esto, tal y como lo afirma la abogada defensora de Derechos Humanos Tamara Sujú, es que la causa venezolana ante la Corte Penal Internacional sigue firme y hasta ahora las actuaciones del fiscal Karin Khan han estado apegadas a las expectativas de la víctimas que reclaman justicia, ello nos debe alentar para continuar apoyando este proceso de hacerle justicia a centenares de venezolanos que la reclaman ante esta instancia internacional. Claro está que tenemos una desconfianza legítima, bien fundamentada, sobre el hecho inocultable del parentesco del fiscal con una de las abogadas defensoras del gobierno venezolano y ello nos obliga a una situación de alerta máxima, pero tampoco ello nos puede llevar a una posición derrotista. El caso venezolano en la CPI es firme, tiene apoyos internacionales, los ojos del mundo están puestos en la actuación del Fiscal y ello lo obliga a mantener una posición ajustada a derecho. Tenemos la verdad y ella prevalecerá de manera contundente, no desmayemos.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
