Inseguridad alimentaria, acceso limitado a empleo formal, falta de documentación y dificultades para obtener atención médica y educación, siguen padeciendo cerca de 4,2 millones de venezolanos que viven en América Latina y el Caribe, según una encuesta sobre las necesidades más exhaustiva de las personas migrantes y refugiadas de Venezuela y de otras nacionalidades en la región.
En la encuesta participaron más de 14.000 hogares, representando a más de 41.500 personas refugiadas y migrantes de 17 países de América del Sur, Central y el Caribe, incluidas aquellas en situación de movilidad.
El sondeo realizado por la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Emigrantes de Venezuela, liderada por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), reveló que el 68% de los 6,7 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas que viven en la región han obtenido el estatus migratorio regular o el reconocimiento de refugiado.
Las agencias detallaron que sólo en 2023, con el apoyo de los socios de la Plataforma Regional, más de 1,3 millones se beneficiaron de actividades de seguridad alimentaria y nutrición, 700.000 recibieron atención médica, 240.000 encontraron vivienda, 230.000 se beneficiaron de oportunidades de integración y casi 300.000 recibieron servicios de agua, saneamiento e higiene.
Además, unos 200.000 niños accedieron a educación y más de 980.000 personas refugiadas, migrantes y de las comunidades de acogida recibieron asistencia humanitaria, protección y oportunidades de integración.
Logros insuficientes
Pero, aunque loables, estos logros no son suficientes para asegurar que todas las personas migrantes y refugiadas vulnerables tengan acceso a una vida digna y a derechos básicos, apuntaron los organismos.
Los resultados de la encuesta mostraron que más de dos millones de venezolanos permanecen en situación irregular sobre todo debido al alto costo y a la complejidad de los procesos legales, así como a los estrictos requisitos de visado y entrada a los países de la región.
Por si fuera poco, el deterioro socioeconómico derivado de la pandemia sumado a una mayor discriminación y xenofobia en los procesos de contratación, y a las barreras para convalidar títulos profesionales, ha obligado al 82% de venezolanos que trabajan en la región a recurrir a empleos informales, a menudo en condiciones indignas y mal remuneradas. Las mujeres se ven afectadas de forma desproporcionada, y generalmente son más bajos sus salarios.
Imagen clara
El representante especial conjunto de ACNUR y la OIM para esas personas afirmó que los hallazgos de la encuesta ofrecen una imagen más clara de la situación a la que se enfrentan las personas refugiadas y los migrantes de diversas nacionalidades.
“Ponen de relieve las áreas en las que los gobiernos de acogida y la comunidad internacional deben hacer más para proporcionar soluciones sostenibles, protección y asistencia humanitaria”, apuntó Eduardo Stein.
El 42% de los hogares venezolanos encuestados tienen necesidades de seguridad alimentaria debido al alto costo de vida en la región y las dificultades para obtener empleos formales y salarios justos. Muchas personas pasan días enteros sin comer, priorizando las necesidades de sus hijos, y deben recurrir a la mendicidad como medio de subsistencia.
Además, uno de cada cinco hogares encuestados carece de vivienda estable, y algunos se ven obligados a dormir en la calle, debido a falta de ingresos suficientes y a las actitudes xenófobas de ciertos caseros.
Viajes arriesgados
ACNUR y la OIM reportaron con alarma que, dada su desesperada situación, muchos venezolanos emprenden viajes arriesgados para cruzar fronteras, exponiéndose a riesgos como la violencia, la extorsión, los robos, la explotación, el tráfico, la trata de personas y otros peligros.
Agregaron que los migrantes y refugiados vulnerables de otras nacionalidades, como ecuatorianos, colombianos, y haitianos siguen las mismas rutas, corriendo los mismos riesgos.
Falta de financiamiento
Alrededor del 89% de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela y de otras nacionalidades que recurren a estas travesías requieren ayuda humanitaria urgente, como alimentos, alojamiento y protección, entre otros derechos esenciales, afirmaron las agencias.
En este sentido, llamaron a brindar a las personas venezolanas y de otras nacionalidades, oportunidades sostenibles de integración que eviten nuevos movimientos peligrosos.
Asimismo, informaron que de los 1590 millones de dólares solicitados para Plan de Respuesta Regional correspondiente 2024 sólo se ha recibido hasta ahora un 13,3%.
