El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, se expresó respecto a la carta que recibió de Edmundo González Urrutia, quien enfrenta una orden de detención. La comunicación fue entregada por su abogado, José Vicente Haro, el 4 de septiembre de 2024.
Saab manifestó que la misiva está «totalmente fuera de lugar», ya que intenta justificar una posición que se considera por encima de la ley y de la autoridad estatal. Añadió que este comportamiento refleja una actitud del sector opositor que se siente superior a las leyes venezolanas.
«Totalmente fuera de lugar, la comunicación entregada para justificar y al mismo tiempo para declararse por encima de la ley de la autoridad del estado», destacó el fiscal en rueda de prensa.
El fiscal criticó la postura de la oposición al afirmar que «este sector minoritario pretende colocarse en una atmósfera supraterrenal», lo que implica que se ven a sí mismos como intocables. Según Saab, esta carta establece un precedente negativo para el derecho en Venezuela, sugiriendo que ciertos individuos se consideran de «super primera clase», en contraste con el resto de la población.
«Esta carta marca un precedente yo diría muy negativo para el derecho venezolano (…) según este sector que se cree por encima del derecho de la ley, de la religión, de la espiritualidad, de la existencia humana», recalcó.
Detalles de la carta de Edmundo González
Por su parte, Edmundo González, quien fue candidato presidencial en las elecciones del 28 de julio, hizo pública la carta que envió al Ministerio Público en sus redes sociales la mañana del 5 de septiembre. En ella, expone su negativa a comparecer ante la Fiscalía, argumentando que las citaciones carecen de fundamento y que su ausencia no es un desacato a las instituciones.
González enfatiza que su incomparecencia se debe a que no era responsable de la digitalización y publicación de las actas de escrutinio, y manifiesta que su comparecencia solo contribuiría a aumentar la tensión social y a la judicialización de la política, lo cual considera inaceptable. Su objetivo es promover un ambiente de diálogo democrático y no alimentar un contexto de confrontación judicial.
