Durante la madrugada del martes 3 de septiembre, en un comunicado conjunto emitido por Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, los países latinoamericanos expresaron su repudio a la orden de arresto dictada el lunes contra el candidato opositor Edmundo González Urrutia, candidato presidencial por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en las elecciones del pasado 28 de julio.
En este sentido, el texto divulgado por los países, que han promovido la verificación imparcial de los resultados electorales del 28 de julio, precisa que los “supuestos delitos” citados por la fiscalía, corresponden a “otro intento de silenciar al señor González” y desconocer la voluntad popular venezolana, afirma el comunicado.
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Países de América Latina repudian orden de arresto
Asimismo, el comunicado de los países enfatiza que en Venezuela no hay separación de poderes, ni garantías judiciales, en donde abundan las detenciones que incumplen con el debido proceso, por lo que condenan estas prácticas, y asevera “nuestros esfuerzos serán firmes y continuos para exigir a las autoridades venezolanas garantizar la vida, la integridad y la libertad de Edmundo González Urrutia”.
Delitos imputados a Edmundo González
Un tribunal con competencia en terrorismo acusa a González González de cargos como usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación.
La orden de aprehensión, emitida el 2 de septiembre de 2024, detalla que el Juzgado Especial Primero de Primera Instancia, con competencia en delitos relacionados con el terrorismo, ha decidido actuar en base a una solicitud presentada por el fiscal Luis Ernesto Dueñez Reyes. La Fiscalía del país hizo el anuncio a través de su cuenta oficial en Instagram.
González había desestimado tres citaciones del Ministerio Público, lo que ha llevado a las autoridades a considerar el riesgo de fuga. La fiscalía había advertido que, si no se presentaba a la última convocatoria, se tramitaría la orden de captura correspondiente.
El dirigente ha cuestionado la legitimidad de estas citaciones, argumentando que no se le están garantizando las condiciones adecuadas para un debido proceso.
