Un tribunal especializado en casos de terrorismo ha autorizado la emisión de una orden de captura contra Edmundo González Urrutia, quien fue candidato presidencial en Venezuela. La Fiscalía del país hizo el anuncio a través de su cuenta oficial en Instagram.
La orden de aprehensión, emitida el 2 de septiembre de 2024, detalla que el Juzgado Especial Primero de Primera Instancia, con competencia en delitos relacionados con el terrorismo, ha decidido actuar en base a una solicitud presentada por el fiscal Luis Ernesto Dueñez Reyes. Esta orden se basa en varios cargos, incluyendo usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación.
El documento establece que, tras la captura de González Urrutia, las autoridades deben presentarlo ante el Ministerio Público en un plazo de 48 horas para llevar a cabo la audiencia correspondiente.
«El Ministerio Público a su vez deberá presentarlo ante este Órgano Jurisdiccional dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su aprehensión, previa notificación al Ministerio Publico, a los fines de realizarse la audiencia oral en presencia de las partes y resolver lo conducente», detalla la orden.
Solicitud de orden de aprehensión contra Edmundo González
La comunicación oficial, que acompañaba a la solicitud de orden de aprehensión, detalla que González es investigado por la presunta comisión de estos delitos, los cuales están tipificados en el Código Penal venezolano y otras leyes pertinentes. En particular, se menciona que la instigación a la desobediencia está contemplada en el artículo 283, mientras que el forjamiento de documentos se encuentra en el artículo 319. Además, se hace referencia a la Ley de Delitos Informáticos y a la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
González había desestimado tres citaciones del Ministerio Público, lo que ha llevado a las autoridades a considerar el riesgo de fuga. La fiscalía había advertido que, si no se presentaba a la última convocatoria, se tramitaría la orden de captura correspondiente.
El dirigente ha cuestionado la legitimidad de estas citaciones, argumentando que no se le están garantizando las condiciones adecuadas para un debido proceso.
