Los corresponsales del exterior y enviados especiales enfrentaron particulares desafíos para informar con libertad sobre el proceso electoral, pues no todos pudieron desempeñar su labor a plenitud en un contexto en el que se evidenció aún más la censura como política de Estado, revela el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), luego de analizar la cobertura electoral realizada por la prensa extranjera durante los pasados comicios presidenciales del 28 de julio.
En efecto, durante el periodo de solo nueve días asignado para la acreditación de comunicadores extranjeros y delegaciones resultó ser demasiado breve, lo que dejó por fuera a muchos periodistas internacionales interesados en cubrir el proceso electoral. Las limitaciones impuestas por el gobierno venezolano a la prensa extranjera para informar durante los distintos eventos de las presidenciales, se sumaron al déficit de transparencia del proceso que fue verificado por organismos nacionales e internacionales.
En medio de la campaña electoral y cerca de la fecha de los comicios, el discurso estigmatizante, por parte de altos funcionarios del gobierno, se convirtió en una constante agresión contra la prensa independiente, entre ella, por supuesto, la prensa internacional. Además, se observaron casos de hostigamiento judicial y tributario, detenciones arbitrarias, y limitaciones en el acceso y difusión de información. Como dato de interés, un total de 11 profesionales de la comunicación extranjeros fueron deportados.
Ante las adversidades y hallazgos, IPYS Venezuela recomienda a los representantes de la prensa extranjera que planean trasladarse al país, la planificación detallada y estratégica de su cobertura periodística. Además, también sugiere que las ONGs de promoción y defensa de los derechos humanos en Venezuela, especialmente aquellas dedicadas a la protección de periodistas, pueden ofrecer asesoría y apoyo en medidas de seguridad física, digital y legal, entre otras áreas.
