Lo menos que se puede decir de la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, al convalidar el resultado dado por Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, la madrugada del 29 de julio, es que se trata de un exabrupto, asevera el abogado Macario González.
El ex secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática en Lara y dirigente nacional de Voluntad Popular, al declarar a El Impulso, añade que esa decisión invade competencias del CNE, que es el órgano del Poder Electoral, entre cuyas funciones figura realizar el escrutinio de un proceso electoral, revisar las actas y presentar una totalización de ese evento.
Si algún candidato a un cargo público de elección popular considera que su derecho ha sido violado, tras agotar las vías administrativas, acude a la Sala Electoral para que sea dirimido el asunto.
Pero, en este caso, de oficio, Nicolás Maduro, recogió el boletín dado por Amoroso y se fue a la Sala Electoral, para que se tomase una decisión política entre sus partidarios que convalidaron lo que ya antes había determinado otro de sus partidarios, que está al frente del CNE.
Es por eso que inmediatamente han reaccionado la Academia de Ciencias Políticas y Jurídica, el Foro Jurídico, las facultades que aglutinan las Escuela de Derecho en las universidades, los partidos democráticos y, naturalmente, los ciudadanos que desde el mismo 28 de julio, cuando se celebró la elección presidencial, conocían los resultados que fueron leídos en los centros de votación y que no eran más que el contenido de las actas que llegaron directamente al CNE, porque fueron transmitidas, no por internet, sino por las líneas telefónicas, como siempre ha ocurrido en el sistema electoral automatizado.
Una vez más tenemos que acudir a la Constitución, cuyo artículo 126 establece la separación de poderes y que permite la cooperación entre sí para lograr los fines del Estado, pero deja expresamente claro que cada uno tiene sus propias competencias. Y en este caso, las competencias del CNE están muy claras, las cuales han sido violentadas a los efectos de atribuirse un triunfo electoral, que no fue obtenido por los votos.
A estas alturas, a 25 días de las elecciones, todavía, oficialmente, el CNE no ha colocado en su página las actas originales, a pesar de que debió haberlo hecho como ocurría antes cuando la rectora Tibisay Lucena pedía leer dicha página.
Grave es que el CNE haya declinado sus competencias y el responsable de esta tragedia política institucional es Amoroso, porque él no podía permitir que otro poder asumiera sus funciones, sabiendo perfectamente el contenido de las actas que llegaron al organismo que él preside porque la transmisión se hizo con normalidad, como lo atestigua el Centro Carter, el cual ha venido participando sucesivamente en elecciones presidenciales en nuestro país.
La primera consecuencia que habrá es que la situación económica no mejorará y, la segunda es que la diáspora se incrementará porque profesionales muy bien preparados se irán en busca de mejorar sus condiciones de vida porque no habrá posibilidad de lograrlo aquí, lo que impedirá que podamos lograr, como se esperaba,. que el país se encaminará hacia el progreso mediante nuevas inversiones que originarían empleos bien pagados.
