El título que encabeza este espacio no es una declaración de buenos oficios, ni una conclusión de académicos o los deseos de bien intencionados demócratas, no, para nada. Ese título es la transcripción de nada menos que del inicio de la disposición 5 de la Constitución de la República. Continúa el precepto describiendo como se ha de realizar ese enorme poder que radica en el pueblo: se “ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”.
Como la voluntad de cada ciudadano es parte de la Soberanía Nacional, esta puede ejercerse directamente como lo establece la disposición transcrita, lo cual es ratificado por el artículo 62 de la misma Constitución: “Todos los ciudadanos tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos”. Ahora bien, para hacer realidad esa participación directa del ciudadano en los asuntos públicos que le interesen, especificados en el artículo 70 constitucional, es indispensable la descentralización, a fin de acercar el “poder” a ese ciudadano. Es lo que se conoce como democracia funcional.
Al respecto Brewer Carías opina que los países de Europa como de Norte América se asientan sobre democracias funcionales, mientras tanto en el nuestro al igual que los de de América Latina, no ha llegado a desarrollarse y esto sucede debido a que en aquellos países la democracia, aun cuando no se den cuenta, es cotidiana, es por sobre todo vida y democracia local, en definitiva, municipalismo. Lejos estamos de ese escenario que a veces vemos en países auténticamente democráticos, de un ciudadano o grupo de ciudadanos alegando y solicitando medidas en una audiencia pùblica ante un órgano que ha de decidir sobre aquello que les interese.
La otra forma de realizar la Soberanía Nacional es en forma indirecta a través de los órganos que ejercen el Poder Público y ese dominio o mando que se le otorga a dichos órganos ha de ser necesariamente “mediante el sufragio” como claramente lo ordena el artículo 5 constitucional aludido. En esta forma el pueblo delega esa potestad o dominio en aquellos que designe a través del voto. La legitimación del ejercicio del Poder Público está basada en el respeto de la Soberanía Nacional manifestada en las elecciones respectivas. Cualquier apropiación ilegítima de ese Poder seguirá la suerte que establece el artículo 138 de la Constitución: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.
Se preguntará el lector ante la situación planteada en nuestro país, ¿por qué estas normas constitucionales no surten el efecto que debería? La respuesta dentro de su simpleza encierra el drama que vive Venezuela: el actual gobierno se caracteriza por desconocer la normativa legal y decide con base en sus intereses al manifestar públicamente que se quedaría en el poder “por las buenas o por las malas”.
Este desconocimiento de la voluntad popular, expresada con claridad y contundencia, en un proceso electoral donde hubo desigualdades notorias a favor del oficialismo, con desequilibrio en el arbitraje, pero con un sistema electrónico que fue aprobado por todos los participantes arrojó resultados precisos, reconocidos por la Organización de Naciones Unidas y expertos internacionales como el Centro Carter, ambos invitados por el gobierno nacional. Las actas publicadas fueron emitidas por máquinas del Consejo Nacional Electoral y han sido puestas al escrutinio público a nivel nacional e internacional.
Queda claramente demostrada la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano, donde reside la soberanía nacional. Esta es la verdad, inobjetable, firme, contundente, contrariar esta verdad esta causando mucho dolor y traerá un aislamiento del país que profundizará la crisis económica y la diáspora. Es hora de un entendimiento que ponga fin al sufrimiento atroz que padece el pueblo venezolano.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
