La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU ha reafirmado su posición que tanto el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como el Consejo Nacional Electoral (CNE) carecen de la imparcialidad necesaria para operar como instituciones democráticas. Esta declaración surge en el contexto del reciente pronunciamiento del Poder Judicial respecto a las elecciones del 28 de julio.
En su informe, la misión subrayó los lazos políticos de figuras clave como Caryslia Beatriz Rodríguez y Elvis Amoroso, quienes ocupan posiciones relevantes en el TSJ y el CNE, respectivamente. Francisco Cox Vial, miembro de la misión, expresó su preocupación sobre la influencia del gobierno en el TSJ, señalando que hay una injerencia directa en las decisiones judiciales, manifestada a través de comunicaciones directas a los magistrados y declaraciones públicas de líderes como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.
Además, Cox Vial destacó que en 2022, la Asamblea Nacional modificó la composición del Comité de Postulaciones Judiciales, permitiendo que este organismo estuviera bajo el control de la mayoría gubernamental, lo que resultó en la elección de los actuales magistrados del TSJ.
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Por su parte, Patricia Tappatá Valdez, también miembro de la misión, mencionó que la actual presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez, es militante del partido oficialista y ha ocupado cargos de elección popular.
Asimismo, hizo hincapié en que Elvis Amoroso, presidente del CNE, ha sido diputado representando al mismo partido, lo que plantea dudas sobre la imparcialidad de estas instituciones en el contexto electoral. Tappatá Valdez también recordó que, como Contralor General, Amoroso fue responsable de la inhabilitación de líderes opositores, incluyendo a María Corina Machado.
La misión concluye que estas circunstancias evidencian una falta de independencia y objetividad en el sistema judicial y electoral de Venezuela, lo que afecta la confianza en el proceso democrático del país.
