El coordinador general de la ONG Cecodap, Carlos Trapani, advirtió irregularidades en el proceso judicial de las detenciones contra adolescentes en el marco de las manifestaciones postelectorales y resaltó que los menores no deben ser acusados de terrorismo.
Trapani expresó su preocupación por las garantías a los derechos de los adolescentes detenidos, y resalta la importancia de un trato diferenciado y ser juzgados por un juez especializado en responsabilidad penal de adolescentes.
Advierte que cualquier procedimiento que viole este principio, incluyendo la intervención de jueces no especializados, constituye una violación del derecho al juez natural.
La ONG Foro Penal, contabiliza más de 1.500 detenidos producto de las manifestaciones postelectorales, entre los que suman 129 adolescentes.
Adolescentes detenidos en protestas
El especialista alerta que los adolescentes detenidos en el contexto de protestas postelectorales, no reciben trato diferenciado, muchas veces no se separan de los adultos detenidos.
Además, señaló que los adolescentes y sus familias tienen derecho a elegir su defensa, ya sea privada o con el apoyo de organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, denuncia que como ocurre con los presos por causas políticas, a los adolescentes presos se les impuso la defensa pública.
Asimismo, denuncia que en algunos casos, los adolescentes permanecen en condiciones de incomunicación prolongada, sin contacto con sus padres y defensores legales.
Cargos de terrorismo
Según la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), los adolescentes pueden ser responsables penalmente a partir de los 14 años, bajo un sistema de responsabilidad distinto al de los adultos, orientado a medidas socioeducativas y con privación de libertad en casos excepcionales, como homicidios o actos de terrorismo.
Trapani aseguró que aunque algunos de los adolescentes fueron detenidos cometiendo delitos como daños de propiedades públicas o privadas, no deberían ser calificados como terrorismo porque podría resultar en penas desproporcionadas que no se corresponden con la realidad de los hechos.
En este sentido, señala que las investigaciones de calidad son fundamentales para determinar si los actos que cometieron realmente se enmarcan dentro del delito de terrorismo, y no criminalizar a los adolescentes sin una base legal sólida.
