La separación entre el Estado, el gobierno y el partido gobernante es un pilar fundamental de cualquier democracia funcional. En teoría, el Estado debe representar a todos los ciudadanos, el gobierno debe administrar los asuntos públicos de manera justa y equitativa, y el partido gobernante debe ser un grupo con una ideología particular que, temporalmente, ostenta el poder. A lo largo de la historia, hemos visto cómo la falta de separación entre estos tres entes mencionados, ha llevado a la corrupción, al abuso de poder y a la erosión de los derechos democráticos.
El Estado es una entidad permanente que representa la organización política, legal y administrativa de un país. Incluye instituciones como el poder judicial, las fuerzas armadas, y otros organismos públicos, independientemente del gobierno de turno. El gobierno es el conjunto de instituciones y personas que ejercen el poder ejecutivo dentro de un Estado durante un período específico y es elegido por los ciudadanos, ya sea directamente o a través de sus representantes. El partido político gobernante es la organización que ha ganado las elecciones y, por lo tanto, tiene la responsabilidad de formar el gobierno. En muchos casos, puede ser un solo partido o una coalición de partidos.
Cuando los límites entre estas entidades se difuminan, el resultado es una distorsión peligrosa de sus funciones. En un sistema donde el partido gobernante controla el aparato estatal, las instituciones públicas se convierten en instrumentos del partido, perdiendo su imparcialidad y eficacia. Esto no solo debilita la credibilidad del Estado, sino que también socava la confianza de la población en las instituciones que deberían proteger sus derechos y servirles de manera equitativa. Países con democracias consolidadas, como Alemania y Canadá, muestran cómo una clara separación entre estas entidades fortalece el sistema democrático, mientras que, en otros contextos, como en ciertas naciones de Asia o África, la confusión entre ellas, ha resultado en gobiernos corruptos y represivos.
Uno de los aspectos más perniciosos de la falta de separación entre Estado, gobierno y partido gobernante es la transformación de los empleados públicos en herramientas del partido en lugar de servidores del Estado. En un sistema democrático sano, los empleados públicos deben actuar con neutralidad, sirviendo al interés general sin importar qué partido esté en el poder. Sin embargo, cuando los empleados públicos son percibidos, o se les obliga a actuar, como si fueran empleados del partido gobernante, se erosiona la profesionalidad, la meritocracia y se pone en riesgo la calidad del servicio que prestan al público.
Este fenómeno tiene consecuencias desastrosas a largo plazo. La meritocracia, que debería ser la base de la administración pública, se ve sustituida por el clientelismo, donde los empleos y los ascensos se otorgan no por capacidad, sino por lealtad política. Esto no solo reduce la eficiencia del gobierno, sino que también fomenta la corrupción, ya que los empleados sienten que deben ser leales al partido y no al Estado. Además, este tipo de prácticas refuerza la percepción de que las instituciones públicas son parte del botín político, minando la confianza de los ciudadanos en la imparcialidad del gobierno.
La falta de separación entre Estado, gobierno y partido gobernante conduce inevitablemente a la concentración de poder en manos del partido que está en el poder. Sin contrapesos efectivos, este partido puede manipular las instituciones para mantenerse en el poder, eliminando así la competencia política y debilitando el pluralismo que es esencial para una democracia. La concentración de poder crea un entorno propicio para el autoritarismo, donde las voces disidentes son silenciadas y la oposición es sistemáticamente desmantelada.
Ejemplos de este proceso pueden observarse en varios países que han transitado de democracias frágiles a regímenes autoritarios. En estos casos, la falta de separación permitió que el partido gobernante controlara todos los aspectos de la vida pública, desde los medios de comunicación hasta el sistema judicial, dejando a los ciudadanos sin herramientas para defender sus derechos y libertades. Esto demuestra que la separación entre Estado, gobierno y partido no es solo un principio abstracto, sino una salvaguardia esencial contra las tiranías.
Concluyo diciendo, la falta de separación entre Estado, gobierno y partido gobernante tiene consecuencias devastadoras para la democracia y el bienestar de la sociedad. La concentración de poder en manos de un solo partido debilita el pluralismo y abre la puerta al autoritarismo. Es esencial que las democracias protejan esta separación y refuercen las instituciones que garantizan que el Estado sirva al pueblo y no a los intereses de un partido político. Solo así se puede asegurar que las instituciones democráticas permanezcan fuertes y capaces de resistir los embates del autoritarismo.
Noel Álvarez
Coordinador Nacional del Movimiento Político GENTE
