Desde comienzos del presente año estaba prevista la aprobación de la Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. Al conocerse su contenido tuvo inmediato rechazo, no sólo de las oenegés nacionales, sino de instituciones y organismos internacionales que defienden los Derechos Humanos.
Así lo expresa a El Impulso el sociólogo Nelson Fréitez, profesor de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado y directivo de la Red de Derechos Humanos en el estado Lara, quien precisó que cuando comenzó a tratarse el proyecto en la Asamblea Nacional se habían pronunciado en contra del contenido de la ley, entre otras organizaciones, Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la Relatorìa Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk.
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Indicó que en Venezuela, las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y otras organizaciones de la sociedad civil habían dado a conocer dos declaraciones públicas con cientos de firmas en respaldo, porque esta ley contiene una serie de artículos que cercenan el derecho de la libertad de asociación en el país, dado que establece una normativa para registrar las asociaciones civiles, para las organizaciones de la sociedad civil y en fin, que no quedará ninguna institución que se salve.
Esa ley va a limitar al máximo las asociaciones, va a impedir que se registren, obliga a presntar información que hasta ahora es privada y está relacionada con fuentes de cooperación, financiamiento y apoyo.
Igualmente, afirma que, intervendrá en los destinatarios, será obligatorio entregar una lista de personas o instituciones que ayudan, apoyan, respaldan y proteger, lo cual podría poner en riesgos a personas que son asesoradas o protegidas.
Resalta el profesor Freitez que las mayores afectadas son las asociaciones que defienden los derechos civiles y políticos, las cuales están obligadas a presentar las listas de las personas a las que asesoran, apoyan y defienden. Y va mucho más el acoso porque tienen que revelar las fuentes de financiamiento.
En el mundo existe el derecho a recibir cooperación internacional y, además, que en los países haya respaldo para cumplir labores de asistencia humanitaria, orientaciones para realizar proyectos sociales, de organizaciones sociales y atender a las organizaciones que trabajan en el campo de la salud, la educación, en el àmbito cultural y en el cuidado del ambiente.
Todas esas asociaciones y organizaciones tendrán que pasar por un proceso engorroso, burocrático y exhaustivo para poderse registrar.
Destaca que la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional ha aprobado esta ley en «retaliación» a la labor que realizan las organizaciones no gubernamentales.
«El oficialismo pretende hacer ver que con esta ley se impedirá que las asociaciones y organizaciones que se ocupan de velar por los Derechos Humanos puedan documentar que en Venezuela fueron violados los derechos de millones de personas que ejercieron el sufragio del 28 de julio, o que se impidió que por lo menos cuatro millones de venezolanos inscritos en el Registro Electoral, que se encuentran dispersos por el mundo, pudieran votar o que, debido a medidas autoritarias, se impidió que hubiera observación internacional en esas elecciones, o que en Venezuela no se cumple con los requisitos esenciales para optar a ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia o las condiciones de independencia política que deben tener los rectos del Consejo Nacional Electoral», añade.
Asegura que «decir esto y fundamentar en documentos que en Venezuela no se cumple con lo que está establecido en la Constitución y en las leyes, como la de Procesos Electorales, constituye para el gobierno un delito o la ya trillada conspiración y desestabilización de los intereses nacionales, o una acción de traición a la patria, o, simplemente, terrorismo».
Es por ello que, señala, «cualquier observación que hacen las organizaciones no gubernamentales son objeto de detención de algunas de las personas más significativas, como son los casos de la doctora Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, o del doctor Javier Tarazona, presidente de Fundaredes, quienes son defensores de los Derechos Humanos».
En este contexto, afirma que «es por ello que públicamente estamos rechazando esa ley porque viene a cercenar inconstitucional e ilegalmente los derechos de los ciudadanos e impedir que la población pueda organizarse y ejercer sus derechos de asociación, a la libertad de expresión y a defender sus Derechos Humanos», expresa enfáticamente el profesor Freitez.
