Como no tiene acogida ninguna propuesta para resolver la crisis política de Venezuela, el único organismo que tiene en sus manos la solución es el Consejo Nacional Electoral y de la forma más sencilla, legal y obligatoria: mediante la presentación ya de las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
De ese modo lo sentencia el abogado Macario González, de amplia experiencia electoral, quien indica que con razón la gente está exigiendo la verdad de los resultados a través de manifestaciones masivas, espontáneas y pacíficas como las que volverá a hacer este sábado en todo el mundo.
Los electores venezolanos reclaman del Consejo Nacional Electoral que cumpla con la deuda que tiene con el país: presentar, previa auditoría técnica con participación de las partes involucradas, el resultado del evento electoral transcurrido el 28 de julio.
No solamente porque involucra cuantiosos recursos del Estado sino por algo más sensible como es el que se haya convocado a un pueblo a expresar su opinión a través del sufragio, contemplado el artículo 63 de la Constitución y el cual precisa que tiene que ser libre, transparente, universal, directo y secreto. Además, debe presentarle ese resultado de acto, que descansa en la soberanía nacional, que como dice el artículo 5 de la Constitución, es intransferible, y es la participación directa de la población emitiendo el juicio respecto a quien quiere que le gobierne.
Eso lo expresó el 28 de julio un pueblo agotado por el hambre, agotado por el caos de los servicios públicos, agotado por la división familiar en gran parte con hijos, hermanos y demás parientes que se fueron en las oleadas de la diáspora.
Ese mismo pueblo agotado por las terribles condiciones de vida. desde muy temprano de ese domingo, salió en avalanchas a expresar su opinión de manera honesta, superando todos los obstáculos y hasta, en algunos casos, las condiciones climáticas adversas.
Ese pueblo vota fervorosamente, pero el gobierno que dice creer en el soberano y que le importa empoderar al pueblo, le niega a éste saber la verdad saber exactamente lo que ocurrió el domingo de escogencia presidencial. Esto es inaceptable.
Proponer cualquier cosa distinta ahora, también es inaceptable, porque lo que se está exigiendo es conocer el resultado, no a través de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia como están pensando hacerlo, sino directamente por el CNE con la presentación de las actas.
A la Sala Electoral del TSJ se ha recurrido de manera inconstitucional, porque esa vía es una instancia en el supuesto caso de que el CNE se hubiese pronunciado con los resultados y alguien estuviera inconforme con los mismos, razón por la cual puede apelar. Pero, no como lo hicieron invadir la competencia del CNE para trasladarla a la Sala Electoral buscando ganar tiempo para alterar, modificar o forjar un resultado diferente a lo expresado el 28 de julio.
¿Quién puede creer en una decisión de la Sala Electoral del TSJ cuando ésta está tomando las funciones del CNE?
Nadie. Por eso el foco es auditar con las partes involucradas y si es la comunidad internacional, muchísimo mejor. Buscar soluciones distintas, como lo ha planteado Lula, es inaceptable porque se está irrespetando la voluntad del pueblo.
No sabemos por qué Vladimir Padrino López no da la cara y pone orden, porque él es garante como jefe de la fuerza armada y, por consiguiente, del Plan República, de garantizar la paz. Y la paz es respetar la soberanía popular y no estar dando opiniones políticas y jurídicas, que a él no le competen.
Y otro que no da la cara es el presidente del CNE, quien declinó sus competencias y desapareció ocasionando una nueva crisis.
Es por ello que se debe cerrar el capítulo de las elecciones presidenciales siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución y en La Ley Orgánica de Procesos Electorales y su Reglamento. No hay razón para apartarse de esas obligaciones.
