El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha planteado a su colega colombiano Gustavo Petro una solución disparatada para resolver la crisis política de Venezuela: un gobierno de coalición o unas nuevas elecciones.
Al hablar sobre ese tema, el doctor Miguel Soto, abogado constitucionalista, de plano dice que tal planteamiento es inconstitucional.
Primero, porque el pueblo masiva, entusiasta y firmemente decidió el 28 de julio un cambio político y, por tanto, el triunfo correspondió al doctor Edmundo González Urrutia.
Segundo, la Constitución establece claramente que las elecciones presidenciales son precisamente para escoger a quien debe conducir los destinos de Venezuela y no habla de gobierno de coalición.
Tercero, para cumplir con ese derecho ya hubo unas elecciones y el organismo que debe presentar cuentas claras sobre ese proceso es el Consejo Nacional Electoral, el cual debe presentar las actas porque eso se ha venido haciendo en cada elección. Lo que piden los electores y, en general, la comunidad internacional, es que sean presentadas las actas.
Aclarados esos puntos, el pueblo venezolano no acepta inventos políticos del tipo planteado por el gobernante brasileño ni por nadie, ya que este es un pueblo formado democráticamente desde hace mucho tiempo y por como ya por elecciones tomó su decisión, esta tiene que ser respetada. No se puede perder más tiempo, ni recurrir a ninguna instancia, sino que el CNE presente las actas, cuyas copias están en poder de los partidos, incluyendo el del gobierno, a través de las cuales el resultado es demoledor: el ganador es González Urrutia. Y lo que se debe hacer es mostrar esas actas.