El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, hizo un llamado urgente al gobierno de Nicolás Maduro para que no apruebe los proyectos de ley destinados a regular el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las redes sociales. Türk advirtió que estas leyes tendrían un impacto negativo en los derechos humanos y en la democracia en general.
La Asamblea Nacional electa en 2020 tiene previsto aprobar este martes en segunda discusión el primer proyecto de ley, mientras que el segundo se encuentra en preparación. Este último surge tras las declaraciones de Maduro, quien acusó a las plataformas estadounidenses WhatsApp e Instagram y a la china TikTok de ser “multiplicadores del odio y el fascismo”.
“Insto a las autoridades a que no adopten estas u otras leyes que socavan el espacio cívico y democrático en el país”, solicitó Türk.
En el contexto de las recientes protestas y la respuesta de las fuerzas del orden, Türk también pidió la liberación de “todas las personas detenidas arbitrariamente” y el respeto a las garantías judiciales en los procesos. El alto comisionado informó que ha recibido reportes de que las autoridades han cancelado los pasaportes de algunas personas como represalia por su trabajo.
Además, denunció que en las redes sociales circulan listas de personas buscadas por supuestamente promover la violencia, entre ellas miembros de la oposición y periodistas. “También hay llamamientos de las autoridades para que se presenten denuncias en contra de quienes participaron en supuestos actos criminales, que incluiría actividades legítimas, como participar en asuntos públicos, manifestarse pacíficamente o ejercer el derecho a la libertad de expresión”, señaló en una declaración leída en Ginebra por su portavoz.
El alto comisionado expresó su preocupación por el “elevado y continuo número de detenciones arbitrarias” y el “uso desproporcionado” de la fuerza reportados tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. “Es especialmente preocupante que tantas personas estén siendo detenidas, acusadas o imputadas de incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista. El derecho penal nunca debe utilizarse para limitar indebidamente los derechos”, afirmó.
Según declaraciones oficiales, más de 2.400 personas han sido detenidas en el marco de esta nueva crisis en Venezuela. La portavoz de Türk, Ravina Shamdasani, confirmó que desde la decisión del Gobierno venezolano de cerrar la oficina de la ONU en Caracas, ha habido conversaciones para reanudar su trabajo en el terreno. Estos contactos se han mantenido después de las elecciones “a distintos niveles”.
