La Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela de la ONU emitió un comunicado el lunes 12 de agosto, en el que demandó al gobierno venezolano el fin a lo que consideran «represión», y además, instan a realizar investigaciones exhaustivas tras la elección presidencial. La misión afirmó la existencia de una «avalancha de graves violaciones a los derechos humanos» después de los comicios del 28 de julio.
La Misión enfatizó la necesidad urgente de que el gobierno venezolano detenga «inmediatamente la creciente represión que está conmocionando el país» desde las elecciones presidenciales del 28 de julio. También subrayó la importancia de llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre lo que clasifican como violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en el período posterior a las elecciones.
La Misión independiente internacional de determinación de hechos sobre Venezuela destacó el surgimiento de protestas callejeras y activismo en redes sociales en las semanas posteriores a las elecciones, lo que desencadenó la «represión» por parte de la administración actual, dirigida por sus más altas autoridades.
La Misión documentó 23 muertes, la mayoría a causa de disparos de armas de fuego, entre el 28 de julio y el 8 de agosto en el contexto de las protestas, con 18 de las víctimas siendo hombres menores de 30 años.
Detenciones en Venezuela tras las elecciones
El análisis preliminar de la Misión, basado en datos de diversas organizaciones de derechos humanos, reveló que al menos 1.260 personas, incluyendo 160 mujeres, fueron detenidas desde el 28 de julio.
La Misión también resaltó que existen elementos comunes en estas detenciones, y las catalogaron como «arbitrarias».
«Las convierten en detenciones arbitrarias y constituyen graves violaciones al debido proceso, dejando a las personas desprotegidas ante el sistema de justicia», señalaron.
Preocupaciones de la Misión por niños y adolescentes
La Misión expresó graves preocupaciones sobre la detención de más de 100 niños y adolescentes, quienes han sido acusados de los mismos delitos graves que los adultos y carecen de la presencia de sus padres o tutores durante los procedimientos judiciales. Abogó firmemente por el estricto apego a las normas internacionales para la protección de los niños, respetando su interés superior.
