La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por las acciones judiciales emprendidas por el gobierno venezolano contra líderes opositores del país. En particular, la CIDH ha destacado las denuncias presentadas por María Corina Machado y Edmundo González después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Según la CIDH, estas acciones forman «parte de un patrón de violencia y persecución judicial dirigido contra la oposición política y aquellos que denuncian irregularidades y fraude en las elecciones presidenciales». En una publicación en redes sociales, la CIDH ha instado al Estado de Venezuela a poner fin a la «represión y restaurar urgentemente el orden democrático y el Estado de Derecho».
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Investigación penal contra María Corina y Edmundo González
Recientemente, el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado la apertura de una investigación penal en respuesta a un comunicado conjunto emitido por los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. En este comunicado, los políticos instan a las fuerzas militares y policiales a no reprimir a los ciudadanos pacíficos y a cumplir con sus deberes institucionales, reconociendo la soberanía popular expresada en las elecciones.
La oposición sostiene que Edmundo González Urrutia es el verdadero ganador de las recientes elecciones presidenciales y argumenta que esto justificaría su proclamación como presidente. Sin embargo, el Ministerio Público considera que este comunicado infringe la Constitución y la ley al declarar un ganador diferente al anunciado por el Consejo Nacional Electoral, el único organismo autorizado para hacerlo. Además, se califica el pronunciamiento como una «abierta incitación» a la desobediencia de las leyes por parte de los funcionarios.
El Fiscal General Saab ha explicado que la investigación tiene como objetivo determinar la responsabilidad de los líderes opositores ante la presunta comisión de múltiples delitos. Entre los delitos que podrían estar implicados se encuentran la usurpación de funciones, la difusión de información falsa, la instigación a la desobediencia de las leyes, la instigación a la insurrección, la asociación para delinquir y la conspiración.
