El vicepresidente del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob Santomé, advirtió este martes, 6 de agosto, que de las más de 1100 personas detenidas en la represión postelectoral, un 95% pertenecen a zonas populares de distintos estados del país.
Durante el programa Con La Luz, conducido por la periodista Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, Himiob alertó que en esas zonas populares y humildes la represión “actúa más libre y también actúan los colectivos, las UBCH, esa suerte de inteligencia popular como la ha denominado el gobierno”.
Himiob también señaló que existen al menos 100 adolescentes y menores de edad arrestados, cinco indígenas y un grupo aún no determinado de personas con discapacidad. Puntualizó también que entre el 10 y el 12% de las personas detenidas son mujeres.
“Tenemos casos importantes de personas discapacitadas: entre ellas un joven de 17 años con trastorno del espectro autista, un joven sordo que no sabe leer ni escribir y tampoco conoce el lenguaje de señas”, señaló el abogado.
Himiob expresó preocupación por las cifras que presentó el gobernante Nicolás Maduro, quien afirmó que los detenidos por protestar pasan de 2.000, y advirtió que esos números no se corresponden con la realidad.
Aumento de los picos represivos
El abogado señaló que el Foro Penal Venezolano ha registrado picos represivos en Venezuela cada vez que se presentan manifestaciones y contexto de protesta. Sin embargo, indicó que nunca antes se había visto una escalada de esta magnitud.
“Nunca habíamos visto un pico represivo de tal intensidad como el que estamos viendo ahora, en un corto período de tiempo, es algo que llama mucho la atención”, adelantó.
También destacó que los arrestos que se han ejecutado posterior al 29 de julio se han hecho con mucha violencia y que, incluso han apresado personas que no participaban en las protestas.
“Ahora hay una visión de evitar que los abogados de las ONG y los privados ejerzan la defensa de los ciudadanos. Hay una especie de prohibición de que los defiendan abogados privados, hay una orden implícita de imponer a estas personas defensores públicos. Esto es muy grave porque, al final del día, son funcionarios del gobierno y suelen seguir la línea del poder”, agregó.
