Tras los resultados dados por Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, que han generado manifestaciones con saldo de muertes, heridos, centenares de detenidos en diversas partes del país y un clima de incertidumbre, ha salido nuevamente a flote el tema de la violación de los Derechos Humanos.
Organizaciones de defensa de estos derechos han recordado que no se respeta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo artículo 68 precisa que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos a los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas.
Y la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es aún más contundente por cuanto le exige a los Estados que debe asegurar que ningún manifestante sea objeto de fuerza excesiva o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, desapariciones forzadas.
Al respecto de estos principios, entrevistamos al sociólogo Nelson Freitez, profesor fundador y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado y vocero de la Red de Derechos Humanos del estado Lara, quien afirma que la violación de éstos derechos se ha agravado desde hace 10 años.
Venezuela se encuentra, desde entonces, en una sistemática violación de los Derechos Humanos de la población, situación que ha sido documentada tanto por las organizaciones no gubernamentales (oeneges) de los DDHH, como por varios de los mecanismos del sistema internacional de Derechos Humanos.
Porque la violación que aquí ha venido ocurriendo se expresa como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja, afectación severa de los derechos sociales, de acceso a la salud, educación, alimentación y servicios públicos.
A esos se agrega una violación a los derechos civiles y políticos, entre los cuales se encuentra el derecho al sufragio universal, secreto y directo, la libertad de asociación para organizar partidos y movimientos políticos, ONG, asociaciones civiles y gremios, así como los derechos a la libertad, al debido proceso, a la justicia y a la libertad de expresión.
Aquí no sólo han sido clausurados medios televisivos y radiales, sino también por impedimento en la adquisición de insumos han sido cerrados centenares de medios de comunicación impresos, se han tomado medidas de cierres de portales informativos, hay censura y, prácticamente, periodistas y otros profesionales de la comunicación se han visto impedidos de hacer sus actividades.
Todo esto que ha venido ocurriendo desde el año 2013 y se agudizó desde los años 2015 y 2016 cuando se intensificó la emergencia humanitaria, especificó. Y ahora nos encontramos en un grave conflicto político, tal vez el más severo de los últimos cuarenta años, porque no se quieren reconocer los derechos políticos y electorales de la población.
El Estado venezolano no sólo no garantiza el pleno ejercicio de los Derechos Humanos, sino que también los viola de manera sistemática y, además, con el agravante de que no existe división de poderes, un sistema institucional que permita la administración de justicia cuando los ciudadanos acuden a las instancias que debieran ocuparse de atender debidamente los problemas.
En este sentido, tribunales desde los ordinarios hasta el Supremo de justicia, Defensoría del Pueblo y Ministerio Públicos, dependen directamente del Poder Ejecutivo, y no puede haber una justicia independiente, apegada a la Constitución y a las leyes, porque desde los magistrados hasta los jueces son designados por el Poder Ejecutivo, tomando en cuenta la afiliación partidista y no por cualidades profesionales.
Lo que estamos viendo en la actualidad, el grave conflicto en el cual están involucrados millones de personas, es porque ha sido ocasionado por el Consejo Nacional Electoral, ya que un sector afirma contar con las actas y demuestran que hay un resultado favorable a la candidatura del doctor Edmundo González Urrutia y el boletìn dado a conocer por el CNE, en la madrugada del lunes 29 con supuestamente el 80 por ciento de los votos, no fue sustentado en las actas. Ni tampoco éstas son mostradas por el mencionado organismo.
Pero, lo más grave es que el presidente del CNE haya proclamado a Nicolás Maduro como electo.
Aún el país y la comunidad internacional no conoce oficialmente, mediante la presentación de las actas que tiene el Consejo Nacional Electoral, los resultados por estados, municipios y parroquias. Es por ello que hay un grave cuestionamiento a los resultados y, en consecuencia, se han originado protestas pacíficas, masivas, públicas en todo el país.
Hasta el jueves se habían contabilizado más de 187 protestas con lamentables saldos de 17 muertos a consecuencia de haber sido atacados a tiros, centenares de heridos y más de un mil detenidos, así como de personas desaparecidas.
Están incurriendo en delitos de homicidios los funcionarios y sujetos armados, quienes para impedir las manifestaciones y amedrentar a sus participantes, utilizaron armas de fuego contra indefensas personas.
En este punto se pone de manifiesto la violación a la Constitución, ya que no se puede hacer uso de las armas y sustancias tóxicas contra indefensas personas que tienen el legìtimo de protestar.
Estamos en una grave crisis de larga data, que se ha agudizado a causa de una institucionalidad cuestionada, subrayó Nelson Freitez. Tanto en la conformación del directorio del CNE como en el sesgo partidista que se conocen como en su actuación violatoria de los procedimientos electorales, de todos los estándares internacionales de actuación de organismos comiciales, no genera confianza, ni credibilidad y, por lo tanto, hasta ahora hay 18 países que están exigiendo la presentación de las actas de votaciones.
Insólito resulta que el señor Maduro vaya a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para pedirle que se pronuncie frente a esta situaciòn, como si la Sala Electoral tuviera las actas y tome decisiones en un asunto que es estrictamente de la población y para eso existe el órgano electoral y el proceso electoral, asuntos en los cuales el TSJ no tiene competencia.
Caso Venezuela de la Corte
Desde el año 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) viene recabando información y sustanciando pruebas a crímenes de lesa humanidad, sobre todo detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Estos cuatro tipos de delito, dice Freitzez, configuran toda una situación que se enmarca en el protocolo de los crímenes de lesa humanidad.
La Fiscalía ha avanzado y va a presentar casos en concreto sobre los cuales tiene facultad de pronunciarse la Corte, indica. A través de ese trabajo investigativo se evalúan las órdenes emanadas de las cadenas de mando y se establece, por ejemplo, cuáles fueron las autoridades que ordenaron que se dispararon a los manifestantes desarmados, o que se detuvieran a los manifestantes y se les llevará a recintos militares donde fueron sometidos a tratos crueles y humillantes que entran en la calificación de torturas.
Hoy nos encontramos que la argumentación elaborada por el Fiscal Karim Khan hará posible presentar casos ante la Corte Penal Internacional, para que ésta proceda a juzgar los cuatro tipos de delitos que he mencionado.
Ya la Sala de Apelaciones de la Corte rechazó una apelación hecha por el Estado venezolano con el fin de desestimara el caso Venezuela 1, pero el dictamen fue que en el país no se está juzgando la situación de violación de Derechos Humanos y los que están siendo sometidos a los tribunales es un personal que no tiene poder de decisiones, sino que son ejecutores.
Como no han sido juzgados los integrantes de las cadenas de mando, la Sala de Apelaciones ordenó que continuara la investigación de la Fiscalìa.
Ésta ha estado, desde hace cierto tiempo, tratando de abrir una oficina en Caracas, pero no ha encontrado por parte del gobierno de Nicolás Maduro las condiciones para que se pueda instalar. Sin embargo, esa oficina está aprobada mediante el memorándum de entendimiento firmado por el jefe del Ejecutivo Nacional, quien ha impedido llevar a cabo el principio de complementariedad que desarrollaría un trabajo entre la fiscalía venezolana y el Fiscal de la Corte.
Odio y terrorismo
Acerca de leyes aprobadas en Venezuela, que violentan los Derechos Humanos, Fréitez manifiesta que de todo lo que ha venido ocurriendo en nuestro país tienen conocimiento organismos internacionales.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha manifestado en una serie de declaraciones que el conjunto de leyes referidas al odio, contra el fascismo y otras más, están dirigidas a restringir el espacio cívico, a bloquear las manifestaciones públicas, a impedir la asociación y a limitar la libertad de expresión.
En pocas palabras, son leyes destinadas a fortalecer el control del Estado y actuar arbitrariamente.
Es así, por ejemplo, que un funcionario puede acusar a una persona de lo que ha escrito en las redes sociales constituye un delito de incitación al odio, un vecino que tiene diferencias políticas o ideológicas puede denunciar a otro, y ahorita el gobierno ha puesto aplicaciones para que las personas afectas al oficialismo acusen a otras de fomentar desestabilización o golpes de Estado.
Cuando detienen a un acusado, las pruebas que se presentan en un tribunal es que a través de una aplicación, en la cual puede haber el señalamiento de un delito que puede imputar un juez.
Aún más, ya hay disposiciones legales contra las organizaciones no gubernamentales, destinadas a limitar y debilitarlas, especialmente a las que defienden los Derechos Humanos.
Rocío San Miguel y Javier Tarazona
Freitez fue preguntado sobre dos de los casos más impresionantes, como son las detenciones de la doctora Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, ocurrida el 9 de febrero de este año en Maiquetía acusada por el fiscal Tarek William Saab de partidor en una conspiración denominada brazalete blanco: y del doctor Javier Tarazona, quien dirige la organización Redes, arrestado cuando acudió al Ministerio Público el 4 de febrero de 2021 para denunciar que era víctima de acoso por el Sebin, tras haber solicitado con anterioridad una investigación de un exalto funcionario de gobierno con elementos guerrilleros del Frente de liberación Nacional colombiano. Con el defensor de los Derechos Humanos también fueron apresados su hermano, el ingeniero Rafael Tarazona y el abogado Omar García.
Acerca de estas detenciones, explica, ha habido pronunciamientos por parte del Relator de la Libertad de Expresión, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas y el Relator del Debido Proceso.
En ambos casos se ha violado toda la normativa y el estándar nacional e internacional del debido proceso, detalla. En el caso de Javier Tarazona las audiencias para el juicio han sido suspendidas en doce oportunidades, incluso el juez que llevaba el procedimiento renunció. Y en el de Rocío San Miguel todavía no ha sido presentada en ningún tribunal, a pesar de que debiera ser hecho a las 48 horas. Ni tampoco ha podido designar a su abogado defensor.
