Un manifiesto puede servir de guía para un trabajo mancomunado de las personas que comparten la cultura de la libertad y que cooperan en la búsqueda del bienestar y la prosperidad de Venezuela, dio a conocer este viernes Cedice Libertad, institución que está arribando a sus cuarenta años de actividades.
La institución ratifica el principio de la cultura de la libertad, asimismo defiende el derecho a la propiedad privada, a la libertad de expresión y el Estado de Derecho
El manifiesto de Cedice Libertad expone;
CEDICE Libertad, en el marco de su 40 aniversario y en un momento clave para la vida de los venezolanos, desea con este documento pueda servir de guía para un trabajo mancomunado de las personas que comparten la cultura de la libertad y que cooperan en la búsqueda del bienestar, la prosperidad de Venezuela.
Aclaramos que nuestro objetivo central coincide con el de la gran mayoría de los venezolanos: recuperar la democracia y la libertad en Venezuela. Por ello estamos comprometidos con sumar esfuerzos a la unidad y reconciliación de todos y cada uno de los venezolanos.
Este manifiesto tiene como desafío el comunicar a los venezolanos qué es, la cultura de la Libertad que no es otra cosa que aquella que te hace vivir en sociedad conforme a un conjunto de principios básicos tomados de la experiencia de las sociedades más prósperas.
Se limita a identificar consecuencias (positivas y negativas) de lo que observa en la dinámica social y luego propone instituciones y reglas que muy probablemente contribuyan a mejorar la calidad de vida de la gran mayoría de personas que asuman responsablemente su propio proyecto de vida y sean protegidas por esas reglas e instituciones. Por ello invitamos a los que creen en el ideario fundamentado en la Libertad a compartir, firmar y promover estos principios fundamentales:
Defendemos la filosofía del derecho a la vida. La vida del ser humano debe preservarse por encima de todo, y sus derechos no se deben al Estado ni a la magnanimidad de los gobiernos sino a la condición especial de seres humanos.
Defendemos el principio de la autodeterminación de cada persona (derecho a elegir, a acertar y a errar), es decir, el ejercicio libre y responsable de sus decisiones.
Defendemos la existencia del Derecho a la propiedad, derecho humano fundamental, como posibilidad real de acceder y disfrutar del fruto del propio esfuerzo, y en una legislación que la ampare, para que ambas —libertad y responsabilidad— puedan ser realmente ejercidas.
Defendemos la libertad de expresión, el pluralismo de valores, la tolerancia y la aceptación de las diferencias como virtudes esenciales para preservar la convivencia pacífica entre seres (humanos) diversos.
Defendemos la convivencia de un Estado de Derecho, esto es, de un sistema jurídico regido por una Constitución que salvaguarde los derechos inalienables de la persona y en la que las leyes sean generales y abstractas para fomentar la meritocracia y que nadie tenga privilegios, sin que ello le impida ser fuente de igualdad de oportunidades para todos.
Defendemos que el mercado —uno abierto a la competencia y sin controles de precios, sujeto a reglas para proteger la primera y evitar los abusos de derechos— es la forma más eficaz de realizar las transacciones económicas y de asignar recursos, y en todo caso, moralmente más justa que la arbitraria designación de ganadores y perdedores propia de las sociedades colectivistas diseñadas por “ingenieros sociales” y dirigidas por mandatarios que desconfían de las capacidades de las personas para decidir por sí mismas.
Defendemos una política ambiental responsable que parte del desarrollo como vía para superar la pobreza y los desequilibrios climáticos, y asume como principio básico, el hecho de que los seres humanos son el más importante recurso.
Defendemos la supremacía de una sociedad civil formada por ciudadanos, no por súbditos, que voluntaria y libremente constituye cierto tipo de Estado para su protección y beneficio, y no al revés.
Defendemos la democracia representativa y la alternancia en el poder como método para la toma de decisiones colectivas, con garantías de que los derechos de las minorías no puedan ser atropellados.
Defendemos que el gobierno —mientras menos y más descentralizado, mejor—, siempre compuesto por servidores públicos, totalmente obediente a las leyes, que rindan cuentas con apego a la ley y esté sujeto al escrutinio ciudadano.
Atender la importancia de un pacto de gobernabilidad es atender las condiciones democráticas que puedan garantizar la vida, la libertad y la propiedad. En definitiva, es la creación de instituciones que garanticen y respeten los derechos de los ciudadanos.
