De acuerdo a la más reciente investigación realizada por Una Ventana a la Libertad (UVL) los familiares de los detenidos que se encuentran en los centros de detención preventiva del país son víctimas, por igual, del sistema penitenciario venezolano.
En el documento, titulado “Familia de los detenidos en los centros de detención preventiva: Víctimas por parentesco”, se explica detalladamente que tener a un familiar detenido en un calabozo policial venezolano tiene graves consecuencias psicológicas, económicas y sociales.
La investigación demuestra que los parientes, en su mayoría mujeres de muy bajos recursos económicos, se ven en la obligación de resarcir las deficiencias e incumplimientos del Estado venezolano.
La nota de prensa reseña que luego de entrevistar a un amplio grupo de familiares, la organización llegó a la conclusión de que visitar, alimentar, mantener sano y trasladar a tribunales a un detenido puede tener un costo mensual aproximado de 300 dólares americanos. Cabe destacar que esta cantidad no incluye el pago de honorarios a un abogado privado.
“Esto obviamente es inalcanzable para la mayoría de las familias venezolanas de bajos recursos económicos que tienen a un familiar detenido. La situación se agrava aún más cuando se tienen dos o más familiares en prisión”, indica el documento.
Consecuencias psicológicas
Los familiares entrevistados para esta investigación manifestaron que al tener conocimiento de que uno de sus parientes había sido detenido sufrieron ataques de pánico y sintieron mucho miedo.
Las madres, de manera muy particular, manifestaron que tener un hijo detenido, sin entrar en el tema de la culpabilidad o no, es un duelo, en consecuencia, la situación se traduce en un largo proceso de aceptación y adaptación a esa nueva realidad.
“Es un proceso que vamos asumiendo con el paso del tiempo y con mucho dolor”, indicaron las mujeres.
No obstante, los hombres entrevistados en su condición de padres también manifestaron igual afectación emocional.
Las madres, hermanas y esposas agregaron que ellas son castigadas y humilladas constantemente, es decir, los funcionarios o custodios y la sociedad en general las trata como si fueran culpables del error cometido por el familiar que se encuentra detenido.
Consecuencias económicas
En esta investigación inédita la organización dirigida por el abogado Carlos Nieto Palma tomó en consideración el contexto socioeconómico que vive la Venezuela de hoy, de hecho, destacan que más de la mitad de las familias venezolanas tienen solo a una mujer asumiendo las riendas del hogar y que el sueldo mínimo y la pensión de vejez no alcanza los 4 dólares mensuales.
“Por lo general los familiares de los detenidos trabajan en el sector informal, cuidando a personas de la tercera edad o limpiando casas de familias adineradas”, se aprecia en el documento.
UVL recuerda que en mayo 2024 se requerían 166 salarios mínimos para cubrir la canasta básica familiar y que el índice de inflación acumulada en abril de este año alcanzó el 10,9%.
Nota de prensa: Una Ventana a la Libertad
