“Con las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se guardan las ciudades, se aseguran los caminos”, se preserva la paz y se garantiza la justicia y, por eso, tienen preminencia sobre las letras. Estas son afirmaciones de don Quijote en su discurso “Las armas y las letras”, que aparece en el capítulo 38 de la primera parte de Don Quijote de la Mancha, la obra magna de Miguel de Cervantes Saavedra.
Las letras a las que se refiere el Caballero de la Triste Figura no es la literatura, como “arte de la expresión verbal” (RAE), sino la norma jurídica y los asuntos legales. Cervantes fue militar (peleó en la batalla de Lepanto), pero, durante su accidentada vida, tuvo numerosos tropiezos de orden legal. Hay episodios en este clásico de la literatura universal que así lo demuestran. De ahí que lo que expone en su discurso es producto de su experiencia vital sobre lo militar y sobre lo jurídico, lo que expresa literariamente.
Don Quijote es tajante cuando afirma que las leyes no se pueden sustentar sin las armas, por lo que se requiere que el soldado debe garantizar que se cumpla con los principios de la justicia y con las reglas del derecho. Por eso, las armas y las letras tienen en común que ambas procuran la justicia, cada una por caminos diferentes, que luego se encuentran. Esos dictámenes cervantinos del siglo XVII tienen en el siglo XXI la misma y sencilla interpretación: el poder militar debe estar al servicio de la constitución y de las leyes, para garantizar su cumplimiento.
Trasladado al caso venezolano, llegamos a otra clara conclusión: la Fuerza Armada es una institución que debe garantizar la legalidad, que se cumplan las garantías electorales con imparcialidad y se respete la voluntad popular que se manifiesta por medio del voto. Los venezolanos queremos creer que así será, más allá de que algunas individualidades puedan proclamar posiciones ideológicas y políticas. Es lo que ocurre con las consignas políticas de los desfiles militares que dejan de lado el mandato del artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que define la Fuerza Armada Nacional como “institución esencialmente profesional, sin militancia política”. Adicionalmente, el artículo 330 señala que los miembros de la Fuerza Armada tienen derecho al voto, pero no les está “permitido optar a cargo de elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político”. Estamos ante una situación clara que debe ser respetada, por ser mandato constitucional.
Este compromiso de la institución armada con el respeto de la voluntad popular se evidenció en el pasado. Fue lo que ocurrió con la pantomima electoral que montó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez con el plebiscito de 1957. El dictador encomendó a Laureano Vallenilla Lanz (rectius: Laureano Vallenilla Planchart) y a Rafael Pinzón la redacción del decreto para convocar el “plebiscito”, el cual contaría −según creían− con el apoyo de las Fuerzas Armadas. El Congreso aprobó sumisamente la ley electoral, al tiempo que la oposición se enfrentaba al fraude con determinación. La unidad del país frente al esperpento fue sólida y redonda.
En este contexto, se llevó a cabo la engañifa del 15 de diciembre de 1957, fecha que constituyó el cruce de la línea roja, es decir, el punto de inflexión y causa última del derrocamiento del dictador el 23 de enero de 1958. Su huida en la “vaca sagrada” recoge la imagen de un dictador que no aceptaba las reglas de la política para su salida del poder. El papel de las Fuerzas Armadas fue impecable.
Por esas razones, el rol institucional de nuestra Fuerza Armada debe ser garantizar que se respete la voluntad popular en el proceso electoral del 28 de julio. El cambio político que desean los venezolanos y que encarna Edmundo González Urrutia no puede ser interrumpido ni con amenazas ni con hechos de fuerza. El candidato opositor ha demostrado, por otra parte, que entiende los asuntos castrenses. En ese sentido, declaró que se ocupará “del sistema de bienestar social de todos los miembros de la institución militar activos y en situación de retiro, sus condiciones sociales, económicas e institucional”, al tiempo que apoyará a la institución en su totalidad.
Ahora conviene reflexionar sobre las razones por las cuales el sector militar le brinda apoyo al sector civil, como ocurrió con el gobierno de Rómulo Betancourt al inicio de la democracia. Son ellas, como lo explica el profesor Gene Bigler, el prestigio moral e intelectual del líder civil; el acuerdo político que cristalizó en el Pacto de Puntofijo; la fortaleza de los partidos políticos que respaldaban al presidente adeco; la alianza con las democracias occidentales; las amenazas externas (del castrismo de la época) que unificó al poder militar y la convicción republicana y profesionalismo de las Fuerzas Armadas. Todo esto lo explica con lucidez el profesor Bigler (“La restricción política y la profesionalización militar en Venezuela”, Politeia, UCV, n° 10, 1981, p.88).
Estos requisitos los cumple Edmundo González Urrutia. En efecto, es reconocido como diplomático honesto con experiencia en asuntos de Estado; está respaldado por una coalición política de gran calado, con la vigorosa participación de María Corina Machado; cuenta con reconocimiento internacional; y la Fuerza Armada está en capacidad de demostrar −una vez más− que es una institución comprometida con su responsabilidad institucional (como ha quedado antes señalado). A esto hay que añadir que el candidato opositor ofrece un gobierno de respeto a todos, sin exclusiones ni sectarismos, lo que garantiza la paz de los venezolanos.
Toda la retórica violenta que se lanza a troche y moche desde el poder contrasta con el elevado discurso político del candidato opositor. Esto será también ponderado al momento de consignar el voto. Los venezolanos tienen la opción de cambiar el modelo político para conquistar la libertad y el progreso económico; o seguir en retroceso en un ambiente de permanente zozobra y de represión. Son dos opciones radicalmente opuestas.
La Fuerza Armada tiene que ser −como lo anhelamos los venezolanos− un instrumento fundamental para la vida democrática, para la paz, para la tolerancia, para el progreso y para la libertad. El proyecto que ofrece González Urrutia está reñido con la posibilidad de dirimir las diferencias entre los venezolanos con “un baño de sangre”, como ha sido declarado desde la arrogancia y la desesperación. Todo lo contrario. Con apego a la decencia política y a los principios republicanos es que se gobernará nuestro país.
Entonces, son las armas el instrumento para garantizar la justicia, los valores republicanos y la aplicación de la ley, como lo proclamó el caballero andante en su discurso sobre las armas y las letras. Y todo esto porque la lectura del Quijote es un estímulo para comprender el valor de la libertad, bajo cuyo manto podemos vivir todos.
Concluyo con las lapidarias y conocidas palabras del inmortal don Quijote de la Mancha, expresadas en el capítulo 58 de la segunda parte de esta obra clásica:
“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres”.
Para honrar el legado de Miguel de Cervantes y defender la libertad debemos votar el 28 de julio por Edmundo González Urrutia.
Ramón Escovar León
@rescovar
