Después de 1958, 1973, 1983, 1988 y 1998 no se había observado tanto el fervor ciudadano para ejercer el derecho al voto como el previsto para este 28 de julio. Por supuesto que a lo largo de esos años hubo evidentes ciclos de confianza y desconfianza, peor aún rabia a extremo de imponerse abstenciones con graves consecuencias de ilegitimidad independientemente de los triunfos electorales y es que el derecho al voto comenzó a sentirse secuestrado por ciertos intereses políticos y sus respectivas maquinarias relevándose a un segundo lugar la participación ciudadana no militante de partido como tal, ensayándose diversas modalidades.
Al respecto fue justificada la elección del Poder Público dividiendo a los ciudadanos en activos y pasivos exigiéndoles poseer bienes raíces. Era el comienzo de la República (1811) de un territorio extenso, sin vías de comunicación, menos conciencia ciudadana y ausencia educativa y para 1819, si bien el Libertador ponderaba las ventajas de periódicas consultas electorales no ahondó en los procedimientos de participación ciudadana con lo cual Colombia no sólo fue su imagen y semejanza sino de los grupos de presión que terminarían llamándose liberales y conservadores más como élites civiles y militares que representativos de la sociedad en general a extremo que hasta 1947, el presidente de la República sería electo mediante una elección de primera, segunda y tercer grado con privilegiados electores, hasta que la revolución del 18 de octubre de 1945 permitiera dictarse la primera Constitución democrática consagrando el “voto universal, directo y secreto a todos los ciudadanos mayores de 18 años el derecho a elegir y ser elegido” y asegurando su transparencia la Junta de gobierno para el momento se prohibió así misma que sus miembros fueran postulados a cualquier cargo de elección popular de histórico mensaje de ética política.
Desconocida la democracia y su Constitución de 1947, un zarpazo militarista buscará legitimarse con un fraude electoral que por 10 años (1948-1958) gobernará el país lo que corrobora el accidentado proceso evolutivo de nuestro sistema electoral donde puede dividirse en dos partes, uno institucional, que no por ello es de todo puro y otro, de textura fraudulenta y arbitrario — el que debe garantizar el constitucional principio “democrático participativo y protagónico” — exigido a las organizaciones política. En cuanto al primero, le calificamos de institucional, porque esta revestido de un conjunto de leyes que garantiza, el desarrollo constitucional de los derechos políticos de los venezolanos, pero que han sido violados a diestra e siniestra por mutuos intereses partidistas y cómo muestra, la propia “Ley de Partidos Políticos” y éticamente peor, lo relacionado con el financiamiento de aquellos. El segundo, está a la vista su manipulación entre otras cosas, en cuanto a la relación interna en las organizaciones partidistas y sus militantes a los efectos de su participación
Tan graves anomalías, ha resquebrajado la confianza ciudadana en la democracia y esta inédita experiencia del 28 de julio, sería la antesala para revisarse todo el sistema electoral por lo cual, ejercer el voto en esta ocasión, tiene un alcance de sobrevivencia política trascendental y es a nuestra conciencia a quien llama la patria y a la Historia voy victoriosa o vencida…
Jorge Ramos Guerra
