Me remonto a inicios de 1999. Todos los venezolanos estábamos expectantes por la nueva etapa en la política nacional, aun sin estar conformes con el naciente gobierno entendimos que lo respaldaba una evidente mayoría de ciudadanos. Ese hecho se respeta en la democracia que debíamos y debemos fortalecer.
Mi atención se concentraba especialmente en las posibilidades de reforma del Poder Judicial. Formaba parte de él y era, en consecuencia, testigo de la necesidad de una renovación en los mecanismos de designación, control y permanencia de los jueces. Una prueba de su mal funcionamiento eran las sentencias dictadas el 19 de enero de ese año por la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, quien ejercía las funciones de la actual Sala Constitucional y permitió de manera incongruente morigerar la supremacía constitucional, no por razones legales sino por temor a que el presidente Chávez convocara al pueblo frente a la sede del Máximo Tribunal como había amenazado.
Así fue permitida la convocatoria a una Asamblea Constituyente, sin reformar la CN1961 hecho que indudablemente ya constituía un mal presagio. Aprobada la Carta Magna tuve ráfagas de esperanzas con el fortalecimiento y apropiada delimitación de las instituciones.
Algunos constituyentistas embistieron fuerte contra las Asambleas Legislativas anunciando su eliminación, aunque teóricamente eran necesarias y en su esencia producto del federalismo en la práctica se caracterizaban por su inoperatividad, como hoy continúan siendo. Aunque me pareció redundante que el artículo 4 de la nueva CN1999 nos calificara como “Estado federal descentralizado”, imaginé era una forma de ponderar la autonomía de los Poderes Públicos Estadal y Municipal, donde serían necesarios los Consejos Legislativos y Concejos Municipales fuertes, dictando leyes y ordenanzas en materia de competencia regional y local, capaces de desarrollar Estados y Municipios, solo requiriendo de Caracas para las competencias concurrentes y las grandes obras y proyectos.
Lejos estaba de saber que el Presidente de la República al poco tiempo del inicio en el ejercicio de su mandato y de la aprobación de la Constitución Nacional, señalaría que pasábamos a ser una república socialista “como único camino”, sino además que tal desaguisado sería admitido sin réplica ni acción alguna por los demás Poderes Públicos, sobre todo del Poder Judicial custodio de la legalidad y del principio básico de la preponderancia constitucional.
Socialismo es sinónimo de centralismo, donde se propugna un Estado unitario política y administrativamente. En nuestro caso fueron intervenidos incluso los partidos políticos dando exclusividad al PSUV, permitiéndose la judicialización de los tradicionales, ahora regidos por aliados del gobierno.
Es en este panorama donde resaltan las figuras de Protectores y Padrinos, equivalentes
a las autoridades regionales, comisionados presidenciales y autoridades únicas de área, previstos inicialmente en el Decreto N° 0369 del 14 de diciembre de 1999, después en la Ley Orgánica de Administración Pública (GO N° 37.305 del 17/10/2001) para el desarrollo de territorios o programas, con atribuciones específicas establecidas en el instrumento de creación, importante ley reformada por Habilitante conferida al presidente Chávez después de perder la consulta refrendaria del 2007. Pero el
oficialismo utiliza estos funcionarios como palanca para centralizar y no como enlaces para funciones concurrentes o las residuales de los Estados con el Poder Nacional.
Desde el Complejo Ferial Bicentenario de Barquisimeto, el pasado sábado 6 de julio el presidente Maduro designó a la Vicepresidente Delcy Rodríguez “madrina de Lara para reforzar los cambios y transformaciones que requiere el estado”, es decir, no para algún programa de emergencia como podría ser, sino para las acciones que se requieren que son muchas ante las deficiencias de los servicios, especialmente vialidad y agua, como resaltó el jefe del Estado, pero habría que incluir hospitales, escuelas, agro industria, agricultura y cría, seguridad etc.
Presumo que el madrinazgo implica la desaprobación a la acción del Gobernador del Estado, pero además recarga innecesariamente las actividades de la señora Vicepresidente, quien por estar el presidente Maduro en campaña electoral para su re reelección debe, siguiendo instrucciones de éste, asumir la acción del gobierno y coordinar la Administración Pública Nacional, además de sus atribuciones propias establecidas en el artículo 239 constitucional.
En el ejercicio de funciones públicas, como en el juego del béisbol, cada quien debe cuidar de su espacio y ejercer su rol para ser efectivo. Dios proteja a Venezuela!
Jesús A. Jiménez Peraza
@jesusajimenezp
