En la mañana de este viernes 21 de junio, familiares de las víctimas de las protestas del año 2017 se han reunido frente a la sede del Ministerio Público del Estado de Lara para exigir la revisión de los casos que se encuentran en estado de espera y conocer los avances de las investigaciones sobre los responsables de las muertes.
Los familiares, que pertenecen a la Alianza de Familiares de Víctimas en Venezuela (Alfavic), entregaron escritos ante la Fiscalía y expresaron su preocupación por la impunidad que ha rodeado estos casos.
Elvira Llovera de Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, una de las víctimas fatales de las protestas, señaló que el Estado ha mantenido una política de impunidad en las ejecuciones extrajudiciales y que el Ministerio Público tiene una deuda con las víctimas.
«El Ministerio Público tiene una deuda con las víctimas. Aquí no se está cumpliendo el principio de complementariedad. El Estado está obligado a investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades del Estado», acusó.
«Las víctimas estamos aquí, exigimos justicia, queremos ver que los responsables tanto materiales como intelectuales de los asesinatos de nuestros seres queridos sean investigados», complementó Llovera.
Rosangela Durán, hermana de Roberto Durán, otra víctima de las protestas, también exigió justicia y que los casos no queden engavetados. «Estamos aquí exigiendo justicia por cada uno de nuestros casos y que realmente se cumpla con la justicia debida», dijo Durán.
«El Fiscal General dice que él está haciendo justicia, pero nosotros no la vemos. Entonces queremos que de verdad sea demostrado», denunció.
Solicitud de revisión de los casos de las víctimas:
Protestas 2017
- Nelson Arévalo (fase de investigación)
- Roberto Durán (fase de investigación)
Ejecuciones extrajudiciales por el FAES
- Luis Enrique Ramos
- Eduardo Ramos
- Cristian Perozo
- Luis Pérez
- Euvis Perozo
Temor a represalias
Los familiares de las víctimas también expresaron su temor por las represalias que han sufrido por parte del Estado. «Muchos de los miembros (de la Alianza de Familiares y Víctimas en Venezuela) han tenido que salir del país porque han sido perseguidos», señaló Llovera.
«Hay miedo, por supuesto, todos los venezolanos están sujetos a represión y todavía continúa el uso excesivo de la fuerza y la represión como mecanismo y política del Estado para atacar la sociedad civil», confesó.
