La Constitución y las leyes gozan de una característica que es la fuerza irresistible que les da la coercibilidad, es decir la posibilidad de que se cumpla el contenido legal normativo, aun en contra de la voluntad de las personas. Lo anterior significa que el Estado tiene la posibilidad de aplicar la norma legal cuando haya renuencia en hacerlo por parte los sujetos a los cual va dirigida, recurriendo a la fuerza física si esta es necesaria.
¿Será inevitable un pacto para que la ley produzca sus efectos tomando en consideración lo comentado? ¿Es indispensable un pacto entre las corrientes político partidistas venezolanas para que el resultado electoral cause el efecto que la ley establece y sea respetado?
Claro que no, pues no hay que ponerse de acuerdo para que la normativa legal produzca los efectos previstos. El proceso electoral está enmarcado legalmente y por ello es la ley, y no el acuerdo entre las partes, la que determinará las resultas o consecuencias de tal actividad.
Sólo en aquellos países en donde el índice de juridicidad es muy bajo, debido a gobiernos arbitrarios que basamenta mandos tiránicos, se puede considerar la posibilidad de tan absurdos pactos. Es como si se pactara respetar a las normas constitucionales para que estas puedan aplicarse y causar sus efectos. Desatinadas pretensiones propias de mentes insensatas.
Todo ello es producido por la permanente actitud del gobierno actual de desconocer las leyes y por tanto el mando propio de un régimen democrático. Presos políticos, con sentencias de decenas de años de prisión sin prueba alguna de las cuales deducir la culpabilidad de los encausados, por parte de jueces vergonzosamente corruptos y obedientes a las órdenes del oficialismo. Prisiones con un hacinamiento enorme, en las cuales la contaminación de enfermedades como la tuberculosis es parte de la condena. Corrupción desaforado e impune de los funcionarios públicos, encabezados por la nomenclatura oficialista. Violación de los derechos básicos de la población, negándole los servicios de sanidad, de agua potable y electricidad.
A ello se suma un Consejo Nacional Electoral (CNE) que intencionalmente y sin base legal alguna dejó por fuera del padrón electoral a millones de votantes que constituyen la diáspora venezolana, cuyos votos castigo contra el gobierno pasarían a engrosar el apoyo a la candidatura de la oposición. Por otra parte, el Presidente del CNE maneja caprichosamente tal órgano, tomando decisiones unilateralmente sin convocar a la plenaria indispensable compuesta por el resto de los otros cuatro Rectores, y es la voluntad de dicho inicuo funcionario sumiso a las apetencias del régimen la que se hace realidad. Ya esto sucedió según denunció uno de los Rectores del CNE, en relación a la observación de la Comunidad Europea sobre el proceso electoral del 28 de julio. El referido funcionario, sin convocar al resto de los Rectores “se echó al pico”, como si fuera cualquier cosa, tan importante colaboración internacional para legitimar dicho ejercicio eleccionario. Todo ello pareciera justificar el paradójico pacto que comentamos.
La anomia que según Durkheim es la situación en la cual los vínculos sociales se debilitan y la sociedad pierde su fuerza para integrar y regular adecuadamente a los individuos, parece ser el proceso por el cual atraviesa Venezuela. En nuestro caso no es la falta de leyes, sino que estas pierden su carácter regulatorio y por tanto lleva a un sector, en nuestro caso extraordinariamente mayoritario, a desconocer la legitimidad de la autoridad que dicta la ley. Creemos que es eso lo que lleva a ciertos factores políticos partidistas a hablar del irracional pacto de respetar los resultados electorales.
Esta anomia tiene como principal base las actuaciones del régimen en materia judicial, cuando conservan las cárceles llenas de presos políticos y se jactan ante el mundo de poseer un Poder Judicial independiente porque persiguen a su propia gente por casos de corrupción, delitos cometidos precisamente por la venalidad que ha caracterizado a nuestro sistema de justicia. Es esencial en un país anómico la impunidad judicial ante delitos de corrupción y crímenes de lesa humanidad como sucede en esta sufrida Venezuela
Pues bien, consideramos que la proposición de dicho pacto es consecuencia de la sensación de anomia que vivimos en nuestro país y que lo torna innecesario, pues si el oficialismo irrespeta las leyes, con más razón lo hará con un pacto sin sentido.
No podemos pasar por alto el patético y absurdo acto en Miraflores cuando se pide perdón por la sangre derramada, los insultos proferidos, el dinero desaparecido, la ruina del país, todo en un acto religioso con pastores llorando de rodillas y el primer mandatario con una especie de sotana hindú que sugiere homenaje a Sai Baba, líder espiritual ya fallecido y de quien Maduro fue seguidor. Pedir perdón cuando expropian a un canoero del Apure por trasladar de una orilla a otra del río a María Corina Machado, le cierran el negocio a unas vendedoras de empanadas porque allí desayuno la líder opositora y lo más grave, continúan deteniendo a ciudadanos por ejercer el derecho de militar en partidos de oposición. Con tales acciones cada día el descrédito oficialista aumenta y el clamor por un cambio político se acrecienta.
Lo absurdo tendrá su final, caminemos confiados en el seguro triunfo de la oposición democrática el 28 de julio, que va a estar determinado por la avalancha de votos que sepultará a la participación del gobierno y que el reconocimiento de tal triunfo no estará signado por un pacto, ni siquiera por la ley, sino porque desconocer tal resultado podría poner en una situación de provocación peligroso a la arrolladora voluntad popular.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
