Una vez más, el sector educativo del estado Lara se movilizó este miércoles para alzar su voz por mejores condiciones laborales y salariales. La concentración se llevó a cabo en la Plaza la Moneda, al centro de Barquisimeto, donde docentes de distintas instituciones educativas se reunieron para expresar su descontento con la actual situación.
Alexander Borges, presidente de Federación Nacional de Colegio y Sindicatos de Trabajadores Profesionales de la Educación de Venezuela (Fenatev) Lara, hizo un llamado a la ministra de Educación, Yelitza Santaella, para que atienda las demandas del gremio. Señalaron que han transcurrido 1.000 días de protestas sin que se haya logrado un acuerdo concreto en cuanto a la firma de las convenciones colectivas.
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«Exigimos a la ministra Santaella que se siente a discutir las convenciones colectivas», expresó uno de los voceros. «La segunda convención colectiva no se canceló ni medio, y ahora estamos discutiendo la tercera, pero la ministra se ha desaparecido de la mesa de diálogo», aseguró.
Migraciones de docentes estadales al Ministerio de Educación
Otra de las preocupaciones de los educadores está relacionada con las migraciones de los docentes estatales al Ministerio de Educación. Temen que este proceso implique la pérdida de importantes beneficios, como la ruralidad y el cálculo adecuado del pago de vacaciones.
«Hay docentes que están perdiendo muchos beneficios», manifestó Borges. «No tenemos claro qué está pasando con las migraciones, y en los próximos días vamos a cobrar las vacaciones como si fueran de hace tres años».
En cuanto a la situación salarial, los docentes denunciaron que su quincena no llega ni siquiera a los 7 dólares. «Un educador en el estado Lara está cobrando 300 bolívares quincenal», lamentaron. «Este monto no nos permite cubrir nuestras necesidades básicas», puntualizó.
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Por último, los docentes denunciaron que la precaria situación económica ha impactado negativamente en la calidad de vida de los educadores y sus familias. Por ello, exigen a las autoridades que atiendan sus demandas de manera urgente y les brinden un salario digno que les «permita desempeñar su labor con dignidad».
