La persecución contra los equipos electorales opositores ha arreciado en la última semana. En tan solo cuatro días han sido detenidos cinco activistas políticos y otro de ellos fue hostigado por cuerpos de seguridad. Desde el 5 de marzo, fecha en que se convocó la elección presidencial, se ha registrado –en promedio– un ataque contra un activista o dirigente político vinculado a la Plataforma Unitaria cada dos días y medio.
Según un levantamiento hecho por TalCual, 41 personas vinculadas a partidos políticos han sido víctimas de detención, persecución o amedrentamiento por parte de cuerpos de seguridad en poco más de tres meses. De este grupo, 17 han sido detenidos.
De las personas arrestadas, principalmente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), 15 han sido procesados judicialmente y están actualmente en prisión.
Aquellos con un proceso penal en curso han sido acusados de dos o más delitos. La mayoría (ocho) han sido señalados de incitación al odio, asociación para delinquir (seis), conspiración (tres) y terrorismo (tres).
Otros de los delitos en los que involucran a los dirigentes y activistas políticos son ultraje agravado, ultraje al funcionario, lesiones y violencia de género. De estos delitos fueron acusados Henry Alviárez, Dignora Figuera y Emill Brandt, todos pertenecientes a Vente Venezuela.
También resaltan las acusaciones por intento de magnicidio. El primer acusado por este delito en el año fue el activista de La Causa R Whilfer Piña, quien fue detenido el pasado 12 de marzo por liderar un supuesto atentado contra Nicolás Maduro en el estado Monagas.
Casi un mes más tarde fue arrestado Carlos Julio Rojas, activista social y militante de Vente, por planificar un supuesto ataque contra el gobernante nacional en el centro de Caracas. Actualmente se encuentra recluido en el Sebin El Helicoide.
Todas estas detenciones políticas, además, comparten un mismo «esquema»: se les detiene sin presentar una orden de detención, se han configurado desapariciones forzosas temporales, se les ha prohibido el contacto con abogados o familiares, se les ha impuesto defensa pública y las audiencias de presentación se hacen en horas nocturnas.
Vente: en el ojo de la persecución
De los 17 activistas que han sido detenidos por razones políticas, 14 pertenecen al partido Vente Venezuela. La arremetida contra el partido de María Corina Machado aumentó luego de las primarias del 22 de octubre, donde resultó ganadora con poco más de 2,2 millones de votos.
La mayoría de los arrestados forman parte de la estructura principal de Vente, de los comandos de campaña o la organización para las presidenciales. La dirigente opositora insistió, en una declaración el lunes 17, en que «ninguno de los miembros de este comando ha cometido ningún delito. Lo único que han hecho es promover la ruta electoral».
Sobre los últimos detenidos (Juan Iriarte, Gabriel González, Javier Cisneros), dijo que «están siendo vinculados a un expediente en el cual se les acusa de instigación al odio y asociación para delinquir por el simple hecho de acompañar a nuestro candidato en una actividad en Vargas».
«El defensor público que se ha dedicado al caso les han dicho que si ellos me acusan de estar vinculada a esos delitos, serían liberados. Un defensor público», afirmó Machado.
Candidatos contra la represión
El candidato Edmundo González Urrutia rechazó las detenciones del fin de semana. Dijo que representan una nueva violación al Acuerdo de Barbados, firmado entre el oficialismo y la Plataforma Unitaria en octubre de 2023.
«Se tratan de acciones que atentan no solo contra el espíritu y letra del Acuerdo de Barbados, sino que afectan el desarrollo de la campaña electoral que aún no ha iniciado», insistió González Urrutia, quien ha dicho que su primera acción será liberar a los presos políticos.
El candidato por Centrados, Enrique Márquez, también se solidarizó con los detenidos. «La política en Venezuela debe abandonar la persecución a la disidencia y dejar de lado el uso del aparato del Estado para acosar y acorralar a los que piensan distinto», escribió en un tuit el domingo 16 de junio.
Otros candidatos presidenciales como Luis Eduardo Martínez, Antonio Ecarri y Benjamín Rausseo han prometido la liberación de todos los presos políticos como parte de sus acciones de llegar a la presidencia, si bien se han mantenido bajo perfil sobre recientes detenciones en un contexto electoral.
