El profesor universitario y vicerrector administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello, Gustavo García, y Nancy Hernández, miembro del consejo directivo de Fenasopadres (Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes), alzaron sus voces para rechazar la obligación de las instituciones educativas de pagar el 9% de aporte a pensionados. Argumentan que, al ser asociaciones sin fines de lucro, no deberían estar sujetas a este impuesto.
Hernández advirtió que esta nueva carga tributaria viola el derecho a la educación pública, tanto en instituciones públicas como privadas. Enfatizó que las instituciones educativas funcionan como asociaciones civiles sin fines de lucro, prestando un servicio y no desarrollando actividades económicas, por lo que no deberían ser consideradas como sujetos de este impuesto.
«Se ha violentado la normativa y el Estado ha evadido su responsabilidad como garante del derecho a la educación», sentenció la representante de Fenasopadres. Alertó sobre el riesgo de cierres de colegios privados si las instituciones no logran soportar este costo adicional.
Destacó que el impuesto recaudado, de aproximadamente 30 mil dólares anuales, no se reinvierte en ningún beneficio para el cuerpo docente.
Por su parte, García afirmó que la Universidad Católica Andrés Bello ha realizado solicitudes formales al Seniat para que el sector educativo sea exento de este aporte. Reiteró que, al ser instituciones de servicios, la mayor parte de sus gastos se destina a la remuneración del personal, por lo que este impuesto resulta excesivo.
«Somos instituciones sin fines de lucro que con esfuerzo logramos equilibrar nuestros presupuestos. No hay margen para este tributo, y al final el costo recaerá sobre las familias», explicó García.
El representante de la UCAB señaló que la institución ha optado por no aumentar las matrículas para no afectar aún más el bolsillo de las familias. Sin embargo, advirtió que este nuevo impuesto podría derivar en la precarización de los empleos, retrasos en los pagos y la tercerización de servicios.
«Si se nos exige realizar este aporte, el aumento en las matrículas sería menor al 9% debido a nuestra estructura de costos. Probablemente, con un incremento de entre 4% y 5% se podría recaudar el monto necesario», propuso García.
