Los detenidos de varias cárceles de Venezuela levantaron el jueves la huelga de hambre que iniciaron el fin de semana, tras un despliegue del gobierno en los recintos para atender las demandas, informó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
«Familiares de privados de libertad en varias cárceles del país confirmaron que los reclusos levantaron la huelga de hambre pacífica, que inició el pasado domingo 9 de junio» en unas 19 cárceles y 30 calabozos del país, indicó la ONG.
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Los reclusos levantaron la huelga tras «la revisión de los casos de algunos de ellos y liberaciones en las últimas horas, según lo acordado con el Ministerio del Servicio Penitenciario», añadió.
En varias de estas cárceles, que fueron ocupadas por el gobierno el año pasado para liberarlas de bandas organizadas, los detenidos denunciaban la «corrupción de funcionarios, retardo procesal, hacinamiento, falta de revisión de las redenciones de pena, y un acceso limitado a alimentos».
La huelga además fue apoyada por los familiares de los reclusos que también protestaron en Caracas y otras ciudades demandando atención a los detenidos.
Designación de Julio García como nuevo ministro del Servicio Penitenciario
Cabe resaltar que Nicolás Maduro designó a Julio García Zerpa como nuevo ministro del Servicio Penitenciario y le ordenó «acabar con la corrupción» dentro del sistema carcelario.
«Tenemos que forjar y formar una nueva generación de custodios. No puede ser que al penado o al detenido se le cobre por llevarlo hasta el baño», dijo el mandatario tres días después de iniciada la protesta y tras cesar del cargo a Celsa Bautista.
García Zerpa prometió una «profundización y cambios estructurales» dentro del sistema y en la víspera anunció un despliegue de funcionarios de su despacho en centros penitenciarios de los estados Lara y Carabobo.
«De manera inmediata arrancamos (…) la atención a las y los privados de libertad», dijo García Zerpa. Habilitó un correo electrónico para atender las denuncias de familiares.
Según el ministro, en el país hay 44 centros penitenciarios y «más de 400 centros preventivos o comisarías».
Defensores de derechos humanos denuncian que en estos centros de arresto preventivo mantienen a detenidos en condiciones de hacinamiento, incluso durante años cuando por ley solo deberían permanecer pocos días.
La población carcelaria en Venezuela se estima en unos 54.000 prisioneros, según cifras oficiales.
