En una reciente declaración, los miembros del G7 expresaron su preocupación por la situación política en Venezuela, enfatizando la necesidad de respetar los derechos de la oposición en el contexto de las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio.
El grupo, compuesto por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, se mostró particularmente inquieto por la decisión del gobierno venezolano de cancelar la invitación previamente extendida a la Unión Europea para que participara como observador en los comicios.
«Estamos profundamente preocupados (…) con respecto a los derechos de la oposición dentro del proceso electoral y la decisión de retirar la invitación para una misión de observación electoral de la UE», dijo el grupo.
La contienda electoral se presenta como un desafío para el actual mandatario, Nicolás Maduro, quien aspira a un tercer período presidencial en medio de una popularidad que, según encuestas, no alcanza el 30% de intención de voto. Frente a él se sitúa Edmundo González, una figura emergente en la política venezolana, quien ha tomado el lugar de María Corina Machado, una candidata opositora que fue inhabilitada para ejercer cargos públicos.
El Consejo Electoral de Venezuela (CNE) anunció a finales de mayo la exclusión de la Unión Europea como observador electoral, una medida que siguió a la confirmación de sanciones individuales por parte del bloque europeo a varios funcionarios del gobierno venezolano, aunque se suspendieron temporalmente las sanciones al presidente del CNE, Elvis Amoroso.
G7: llamado a elecciones competitivas
El G7 hizo un llamado a Venezuela para asegurar un proceso electoral justo, competitivo e inclusivo, exhortando al cese del hostigamiento a los miembros de la oposición y demandando la liberación inmediata de todos los presos políticos.
La oposición venezolana, por su parte, ha reiterado su compromiso con la vía electoral como medio para una transición democrática y ha denunciado lo que considera una violación a los acuerdos electorales y una campaña de persecución y amedrentamiento por parte del gobierno, que ha incluido la detención de varios colaboradores cercanos a Machado.
