Más de seis años después de que el movimiento independentista de Cataluña dejara a España al borde de la ruptura, el Congreso dio este jueves 30 de mayo su aprobación definitiva a una polémica ley de amnistía para cientos de secesionistas con la esperanza de cerrar el traumático episodio.
La ley fue respaldada por el gobierno de coalición de izquierdas, dos partidos separatistas catalanes y otros partidos más pequeños, que sumaron 177 votos, frente a los 172 en contra de los diputados del conservador Partido Popular y el ultraderechista Vox.
La amnistía podría beneficiar al expresidente regional catalán Carles Puigdemont, que está prófugo de la justicia española tras huir a Bélgica después del fallido intento de independencia que lideró en octubre de 2017. También debería afectar a cientos de personas más, incluyendo antiguos funcionarios gubernamentales en Barcelona, ciudadanos de a pie que participaron en el intento de secesión o en las protestas, y algunos agentes de policía implicados en la represión de la ilegalizada consulta celebrada por el gobierno de Puigdemont.
La aprobación de la ley de amnistía, sin embargo, no soluciona de inmediato los problemas legales de los separatistas.
Es probable que el texto validado en el Congreso enfrente recursos judiciales y sea revisado por tribunales superiores. Además, su aplicación se realizará caso por caso. Algunos expertos cuestionan su constitucionalidad porque sostienen que crearía desigualdad entre los ciudadanos españoles al favorecer a unos sobre otros.
Desde su llegada al poder en 2018, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha centrado en reducir las tensiones en la región noroccidental de Cataluña y defiende que la amnistía es clave para culminar ese proceso.
Pero la ley de amnistía era también una necesidad política para Sánchez, que accedió a proponerla cuando necesitaba el apoyo de los legisladores separatistas en Madrid para volver a formar gobierno en noviembre, meses después de que las elecciones generales de julio no dejaron un ganador claro. La cámara baja del Parlamento aprobó inicialmente el texto en marzo, pero el Senado — controlado por la derecha — lo rechazó a principios de mes, lo que hizo que regresase al Congreso.
Las tensiones en el Congreso fueron altas durante el debate final de la ley y su votación, en la que cada diputado manifestó por turnos el sentido de su voto. El “sí” de Sánchez fue recibido con gritos de “¡Traidor!” .
