La Asamblea Nacional del régimen ha reanudado la discusión de un proyecto de ley que, de ser aprobado, podría restringir, criminalizar y cerrar las ONG que operan en Venezuela. Este proyecto, debatido el pasado martes 21 de mayo, plantea serias amenazas a los derechos de asociación y privacidad, poniendo en peligro a las ONG en el país y a sus beneficiarios, quienes podrían enfrentarse a procesos penales.
El proyecto de ley, compuesto por 17 artículos y dos disposiciones transitorias, confiere al régimen un control casi total sobre las actividades de las ONG. Entre las medidas propuestas se incluyen la obligación de proporcionar listas detalladas de sus miembros, una fiscalización exhaustiva de sus recursos y la información sobre las personas que reciben beneficios.
Esta normativa es inédita y abusiva, ya que viola claramente los principios de autonomía y confidencialidad que deberían proteger a las organizaciones de la sociedad civil. Además, compromete los artículos 52 y 57 de la Constitución Nacional, que expresan el derecho de los venezolanos de asociación y de libertad de expresión, respectivamente. Así como también atenta contra los derechos humanos de todos los ciudadanos garantizados en los compromisos internacionales contraídos por Venezuela.
De igual forma, el proyecto amenaza a millones de venezolanos que se ven beneficiados por el accionar de las ONG en el país. Con tantas carencias existentes en Venezuela, como consecuencia de la corrupción y malas políticas del régimen, las organizaciones no gubernamentales trabajan incansablemente para mejorar la calidad de vida de la gente, en distintas áreas como la salud, educación y alimentación.
El proyecto tiene entre sus principales objetivos prohibir que las ONG realicen actividades políticas, reciban aportes de organizaciones con fines políticos, «promuevan o permitan actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República» y cualquier otro acto prohibido por la legislación venezolana. Esta prohibición, amplia y ambigua, podría ser utilizada para sancionar arbitrariamente cualquier actividad de defensa de los derechos humanos, considerándola una “amenaza para la estabilidad nacional”.
De esta forma, las organizaciones defensoras de los derechos humanos que recurren a instancias internacionales para denunciar los abusos del régimen o que reciben financiamiento extranjero podrían ser sancionadas bajo la acusación de comprometer la soberanía nacional. Esta postura busca silenciar las voces críticas y eliminar la cooperación internacional, vital para la protección y promoción de los derechos humanos en Venezuela. Una vez más buscan criminalizar a quien piense distinto y se oponga a su autoritarismo.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, advirtió en enero que “de ser sancionada, la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela”.
En un país donde los derechos y libertades están constantemente bajo amenaza, no tenemos otra opción que seguir trabajando para lograr un cambio político, para construir un Estado que sí se preocupe por el bienestar de sus ciudadanos. Es crucial que los venezolanos estemos alerta y continuemos alzando nuestras voces contra esta flagrante violación de los derechos fundamentales. La defensa de las ONG es, en última instancia, la defensa del derecho de todos los venezolanos a vivir en una sociedad justa, libre y democrática.
Stalin González
