Rafael Narváez, exparlamentario abogado y defensor por los derechos civiles, afirmó que el Estado está en la obligación de «promover, garantizar y respetar los derechos políticos de los ciudadanos».
Narváez exigió al Estado «aferrarse a nuestra Constitución y a las normas establecidas del CNE respetando el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos».
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Rechazó las restricciones contra la disidencia opositora «al no permitirle realizar sus actividades políticas en todo el territorio nacional con libertad y en igualdad de condiciones ejecutando cierre de vías, clausura de hoteles por alojamiento, prohibir abordar vuelos comerciales, detención a dueños del sonido por cubrir actividades, privación de libertad a jóvenes que se han expresado públicamente en actos y cierre de ventas de empanadas».
Acciones contra la oposición son «delitos de odio»
A juicio del exparlamentario, estas acciones constituyen «delitos de odio», por lo que advirtió «estamos en presencia de una parcialidad descarada por parte del CNE a favor del candidato oficialista dándole luz verdad al ventajismo sin límites».
«El Estado está en la obligación de promover la paz electoral permitiendo a todos los factores políticos puedan hacer una campaña electoral con plena libertad».
«El CNE debe asumir sus atribuciones y funciones establecidas en nuestra norma suprema garantizando a los electores información oportuna con respecto al cronograma electoral, centro de votación con su ubicación y cambio de residencia si lo solicitó», finalizó el abogado.
