La organización estadounidense Human Rights Watch denunció que Ecuador registra una serie de violaciones a los derechos humanos sin que los responsables rindan cuentas ante la justicia, luego de que el presidente Daniel Noboa decretara el estado de conflicto armado interno en enero en medio de una espiral de violencia generada por bandas criminales.
En una carta enviada al presidente Daniel Noboa, el grupo de defensa de los derechos humanos cuestionó la existencia de un conflicto armado interno aduciendo que eso “parece carecer de sustento legal” y precisó que esa condición implica una “violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados” .
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, señaló que tal situación ha contribuido a “serias violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad”, que incluyen al menos una presunta ejecución extrajudicial y múltiples casos de detenciones arbitrarias, malos tratos y falta de procesamiento judicial de unos 13.000 detenidos.
En medio de una espiral de violencia, que incluyó la fuga de la cárcel de los líderes criminales Adolfo Macías y Fabricio Colón Pico y la toma en vivo el 9 de enero por parte de encapuchados armados de un canal de televisión estatal, Noboa decidió suscribir el estado de conflicto armado interno para enfrentar a los grupos criminales.
Entonces identificó a 22 bandas del crimen organizado, a los que el gobierno calificó de terroristas, y autorizó la acción conjunta de las fuerzas armadas y la policía, tanto en las calles y en las cárceles, consideradas por la policía como centros de mando del crimen organizado.
En un caso documentado por Human Rights Watch, militares mataron el 2 de febrero en Guayaquil a Carlos Javier Vega, de 19 años, e hirieron a su primo Eduardo Velasco. Las Fuerzas Armadas dijeron que los jóvenes habían intentado “evadir el control, embistiendo a personal militar” y los calificó de “terroristas”.
La familia de Vega y Velasco denunció que había sido un abuso de la fuerza y que los dos jóvenes habían salido de casa para vender un cachorro de perro.
Human Rights Watch contradijo la versión del Ejército de que los jóvenes estaban involucrados con grupos delictivos a partir de entrevistas con testigos, familiares y abogados de las víctimas, así como vídeos y fotografías, y documentos judiciales.
Para la organización de derechos humanos, el gobierno ecuatoriano “no ha presentado evidencias suficientes para concluir que exista un conflicto armado con cualquiera de esos 22 grupos de delincuencia organizada”, identificados por las autoridades y que sirvieron de base para tal declaratoria.
Asimismo, recalcó que muchas personas que se reportaron como detenidas, aparentemente nunca fueron llevadas ante un fiscal o un juez. Según el reporte, muchas de las más de 13.000 personas reportadas como detenidas parecen haber estado bajo custodia durante breves periodos al margen del proceso legal y, según los vídeos y fotografías publicados en Internet —que Human Rights Watch asegura haber verificado—, fueron sometidas a reprimendas, palizas y otros tratos degradantes.
En cuanto a la situación en las cárceles, el informe de HRW asegura que los militares, que controlan las cárceles ecuatorianas desde enero, han mantenido incomunicados a los detenidos, obstaculizando en algunas ocasiones su derecho a consultar con abogados o a obtener asistencia médica.
Otro caso recogido por la organización menciona que, en una audiencia judicial, un detenido describió cómo los militares le pegaron con un cable en la espalda y le pisaron un dedo. “Como ayer no pueden pegarme supuestamente porque soy enfermo, me hicieron abrir las piernas y me dan en los testículos”, dijo.
HRW destacó que el documento enviado a Noboa es producto de un trabajo realizado entre enero y abril, después de entrevistas a una docena de víctimas de abusos, a sus familiares, abogados, con información de ministerios e instituciones del Estado, de analizar fotografías, videos, revisar expedientes y asistir virtualmente a audiencias judiciales.
Goerbertus convocó al presidente Noboa a “responder a la violencia (criminal) con una política de seguridad efectiva que proteja a los ecuatorianos”, fortalecer el sistema judicial, crear una unidad de investigación bien capacitada y dotada de recursos en la Fiscalía General, para que los fiscales no dependan de la policía.
Además pidió aumentar el número y la capacidad de investigadores forenses, fiscales y jueces que investigan y procesan casos de delincuencia organizada y corrupción y aumentar la financiación para proteger s los funcionarios judiciales, entre otras acciones.
Los homicidios en Ecuador aumentaron un 574,30% entre 2019 y 2023, lapso en el cual las muertes violentas subieron de siete a más de 47 por cada 100.000 habitantes, citando cifras del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. El gobierno ha dicho que como producto de su política, los homicidios bajaron un 27%, aunque la policía ha registrado este año 1.875 asesinatos hasta el 11 de mayo. Los secuestros y extorsiones también han aumentado.
Según la explicación de las autoridades, las bandas criminales los Choneros y Los Lobos, socios de narcotraficantes colombianos, mexicanos y albaneses, se disputan el control del territorio y de las rutas del narcotráfico. Ecuador es considerado un centro de almacenamiento y exportación de grandes cantidades de droga, de acuerdo con la policía.
