Este martes 21 de mayo de 2024 podría ser un día crucial para el desarrollo de la ONG en el país, teniendo en cuenta que la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, tiene previsto discutir en segunda discusión la Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, también conocida como «Ley Antisociedad».
Según el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se espera que la ley sea aprobada este martes «luego de largos debates y consultas». Cabello asegura que estas «organizaciones no gubernamentales no dependen de Venezuela, sino del Gobierno de Estados Unidos».
Sin embargo, activistas y defensores de Derechos Humanos han denunciado que esta ley busca criminalizar la organización social. El abogado Alí Daniels, representante de la ONG Acceso a la Justicia, afirmó en una entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias que las premisas de este instrumento «criminalizan a las organizaciones de la sociedad civil».
Daniels argumenta que la libertad de asociación ya está regulada en Venezuela por el Código Civil en más de 40 artículos. Además, señala que el Estado no ha superado la evaluación sobre lavado de capitales que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que las propias cifras del Gobierno indican que solo el 0,4% de las organizaciones tienen alto riesgo de lavado de capitales. Por lo tanto, considera que no hay riesgo de que las ONG cometan este delito.
El abogado también critica la exposición de motivos de la ley, donde se habla de un «abuso de la libertad de asociación». Para Daniels, esto atenta contra el derecho de las personas a organizarse para trabajar sobre temas vinculados a Derechos Humanos.
En resumen, según el especialista, la Ley Antisociedad podría poner en riesgo la posibilidad de que las personas puedan registrar organizaciones y asociarse libremente para trabajar en temas específicos. De aprobarse, las organizaciones de la sociedad civil venezolana podrían enfrentar serias restricciones y posibles medidas represivas por parte del Estado.
