La reciente iniciativa legal de España como es la Ley de Memoria Democrática ha resonado profundamente en Iberoamérica, donde un abrumador 95% de las más de 226,000 solicitudes de nacionalidad española han sido presentadas. Este fenómeno destaca la conexión histórica entre España y países como Venezuela, Cuba, Argentina y México.
La ley en cuestión, promulgada en 2022, ha abierto un camino para que los descendientes de exiliados y emigrantes españoles puedan reclamar su herencia y cerrar un capítulo doloroso del pasado.
El proceso ha sido significativo: hasta la fecha, se han aprobado 110,540 expedientes y se han formalizado 69,421 inscripciones. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, subrayó la importancia de esta ley en una reciente rueda de prensa, señalando que satisface una demanda histórica de la diáspora española, según reseñó EFE.
La ley no solo busca otorgar la nacionalidad, sino también honrar y reparar la dignidad de las víctimas del golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil subsiguiente y la dictadura de Franco. Con un plazo inicial de dos años para presentar solicitudes, extendible por un año más, la ley ofrece una oportunidad para que los descendientes de aquellos que sufrieron por sus convicciones políticas, ideológicas o de creencia puedan finalmente ser reconocidos.
La Ley de Memoria Democrática aplica para…
Esta legislación es especialmente significativa para aquellos nacidos fuera de España de padres o abuelos exiliados, así como para los hijos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978. Además, se extiende a los hijos adultos de aquellos a quienes previamente se les había reconocido su nacionalidad española.
Comparando con la ley anterior de 2007, que resultó en la concesión de la nacionalidad a 213,787 personas, la actual respuesta de Iberoamérica refleja un vínculo y un deseo colectivo de reconectar con sus raíces españolas.
