El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha adelantado que la Asamblea Nacional está lista para dar luz verde el día de mañana a la ‘Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y afines’ en el país.
El funcionario chavista ha asegurado que el anuncio se realizará tras un proceso de consulta popular y debates extensivos.
«Mañana, luego de largos debates, de largas consultas populares, debería estar siendo aprobada en segunda discusión la ley para el control del financiamiento, organización de las llamadas ONG. Organizaciones, supuestas ONG que no dependen del gobierno de Venezuela, pero dependen del gobierno de los Estados Unidos. En conclusión, no son no gubernamentales», acusó Cabello, quien ha criticado en reiteradas ocasiones el funcionamiento de estas instituciones.
La nueva legislación, que se espera sea ratificada en su segunda discusión, busca, según el gobierno venezolano, establecer un marco legal para la supervisión del financiamiento y las actividades de las ONG en Venezuela. De acuerdo a Cabello, este paso es crucial para la transparencia y la rendición de cuentas, ya que todas las organizaciones deberán registrarse y detallar tanto la procedencia como el uso de sus fondos.
«Todos van a tener que registrarse allí, todos van a tener que explicar dónde vienen los fondos, todos van a tener que decir cómo gastan los fondos. Y es una deuda que tenemos nosotros, histórica, de aprobar esa ley. Vamos a poner las cosas así como se llama, a nivel», adelantó Cabello.
La ley para controlar las ONG y su impacto
La Ley para el Control y Financiamiento de las ONG representa un intento por parte del gobierno venezolano para ejercer un mayor control sobre las ONG, las cuales han sido acusadas por el chavismo de depender financieramente de gobiernos extranjeros, en particular el de los Estados Unidos, y de actuar en contra de los intereses nacionales.
La normativa propuesta ha generado un intenso debate sobre el espacio cívico en Venezuela. Organismos internacionales como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela han expresado preocupación por las posibles implicaciones de la ley, sugiriendo que podría representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en el país.
La ley establece requisitos adicionales para el funcionamiento y creación de ONGs, y su incumplimiento podría resultar en sanciones severas, incluyendo la disolución. Estas medidas han sido interpretadas por algunos como una forma de limitar el derecho de asociación y la libertad de expresión, derechos garantizados tanto por la Constitución venezolana como por las normas internacionales de derechos humanos.
